CON BASE en la Ley No.17 del 1 de mayo de 1997, la cual regula el movimiento cooperativo panameño, el Gobierno iniciará el proceso de liquidación de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR, R.L.).
Ramón Rodríguez, subdirector ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), explicó que dicha ley faculta a la entidad para la intervención y liquidación de la cooperativa.
De acuerdo a la citada legislación, se deberá conformar una comisión liquidadora integrada por tres miembros de cooperativas y dos representantes que designe el IPACOOP.
En mayo de 2003, con la celebración de la primera reunión de la transnacional bananera Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO), representantes de la Cooperativa de Servicios Múltiples COOSEMUPAR, R.L. y la empresa alemana Anton Düerbeck se inició el proceso de transición de los activos de la empresa bananera hacia los trabajadores.
Luego de una serie de negociaciones se fijó en $20 millones la venta de los activos de la plantación.
La cooperativa se creó luego de que la transnacional Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO) y el Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company (SITRACHILCO) firmaran un acuerdo marco para la compraventa de los activos de la frutera.
Un 70% del financiamiento para comprar los activos se tramitó a través de la banca local, mientras que el 30% restante se otorgó mediante una entidad designada por Chiquita Brands International.
PAFCO tuvo que pagar unos $16 millones en concepto de las liquidaciones por el retiro de la empresa como administradora de la producción bananera en la comunidad del Barú, provincia de Chiriquí. Esto permitió que algunos obreros llegaran a recibir hasta más de $40 mil por la labor que desarrollaron por más de 20 años con la transnacional.
Salustiano de Gracia, secretario general de SITRACHILCO, explicó que la situación empeoró con las supuestas persecuciones y malos tratos que surgen cuando los directivos del sindicato tomaron las riendas de la compañía bananera.
La pasada administración de José Morris Quintero al frente de SITRACHILCO y COOSEMUPAR, R.L. también generó controversias entre los trabajadores.
Morris fue acusado de presionar a los trabajadores con los contratos, donde se especulaba que debían acatar todas las consideraciones de los directivos de la compañía, o de lo contrario podrían ser sujetos a despidos sin derecho a reclamar.
La situación actual es tan grave que al cierre del mes de marzo la cooperativa poseía activos por $21.7 millones, un patrimonio de $4.3 millones y una deuda de $36 millones con sus diversos acreedores.
La cooperativa pierde entre $1 a $3 por caja, posee 3 mil hectáreas y exporta 450 mil cajas promedio al mes, que se venden entre $5 y $5.50 por caja.
El ministro de Trabajo, Reynaldo Rivera, detalló que el principal acreedor de la cooperativa es el Banco Nacional de Panamá con una deuda de $24 millones, $5 millones con la Caja de Seguro Social (CSS), $3 millones con la empresa United Brands, y el resto corresponde a fumigación, transporte e insumos.
El Gobierno aportó $8 millones a la cooperativa en concepto de planilla y un abono por $500 mil a la CSS para la jubilación de 751 obreros.
Iniciarán proceso de quiebra
En 20 meses, el Gobierno aportó $8 millones para la reactivación de la cooperativa.