Esto luego que el Consejo de Gabinete autorizara su formación legal en aras de incentivar una real competencia en el reglón de generación eléctrica.
El ministro de Economía y Finanzas, Ricauter Vásquez, dijo a Panamá América que se constituirá una Junta Directiva compuesta por un presidente, secretario y tesorero, puestos que serían ocupados por personas que manejen el tema eléctrico.
Sin embargo, existe la posibilidad de que el Ejecutivo designe en estos cargos al propio Vásquez, al titular de la Presidencia, Ubaldino Real y al contralor, Dany Kuzniecky, para reducir costos.
Igualmente, se conoció que el Estado esperará hasta julio cuando se establezca la nueva licitación para ofertar energía eléctrica para determinar cuánto se necesitará para poner en marcha el proyecto.
Una vez realizado este análisis se determinará si los fondos serán aportados por el Estado o se solicitará un préstamo a una entidad financiera internacional. Actualmente instalar un megawats en una planta térmica cuesta 1 millón de dólares, mientras que en una hidroeléctrica requiere una inversión de $2 millones.
Se estima que construir una planta térmica con una capacidad entre 50 y 100 MW requeriría de una inversión de 60 millones de dólares.
También se analiza si la mejor opción sería construir una térmica de doble ciclo, porque éstas durante la primera fase generan gas, que puede utilizarse para mover otra turbina que funcione con este combustible.
La decisión del Gobierno de entrar en el mercado de generación no demoró en encontrar detractores.
Y es que el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, August Simons, aseguró que el Gobierno debe centrar sus esfuerzos en atraer más inversión privada para incentivar la generación eléctrica y a la vez impulsar un marco regulatorio adecuado, antes de convertirse en un actor más en el mercado.
"A nosotros nos preocupa que una generadora manejada por cualquier gobierno pueda ser manipulada con fines políticos, generando otro tipo de distorsiones con consecuencias negativas", apuntó el empresario.
Simons abogó porque las nuevas inversiones de generación provengan del sector privado, siempre y cuando exista una entidad que garantice los intereses de los consumidores.
En este nuevo proyecto, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), funcionará como operador y administrador de la compañía, debido a que en estos momentos una empresa no puede entrar al mercado sino tiene conocimiento y ejecución en el tema.
Aún no se ha cuantificado cuanto va a pagar la empresa estatal a la ACP por este servicio, pero se conoció que será un porcentaje de las ganancia que obtenga la nueva empresa.
Actualmente, el sistema panameño tiene una capacidad instalada de 1, 500 MW, pero por razones de seguridad solo se puede utilizar 1, 100 (capacidad firme), mientras que la demanda es de 900 MW. La situación es más crítica si se toma en cuenta que la demanda de energía del país crece anualmente entre 40 y 50MW, lo que significa que hay un periodo entre 2 y 3 años para que se presente una crisis energética.
