La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la Ley 29 de 1 de agosto de 1997, por medio de la cual se autoriza el cobro de la cuota porcina.
Esta ley establece el cobro de 50 centésimos por cada cerdo sacrificado, cantidad que debe ser entregada mensualmente a la Asociación Nacional de Porcinocultores (ANAPOR).
Eso supuestamente servirá para que la ANAPOR instale una secretaría ejecutiva encargada de organizar planes de desarrollo de la actividad porcina.
Igualmente, serviría para programas de asistencia técnica, evaluación y planes de modernización del sector, con énfasis en los programas de reproducción, sanidad y comercialización del cerdo.
Los demandantes de la citada legislación aducen que esta ley "crea un impuesto o contribución a favor de una institución de naturaleza privada como lo es la Asociación Nacional de Porcinocultores, que por su naturaleza no presta servicios públicos"
Añaden que "esta ley preceptúa un pago de impuesto o contribución que no administra el Estado y que es destinada a políticas gremiales privadas".
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