Manuel Castillero /Centro Nacional de Competitividad
En Panamá se ha reducido de manera importante la pobreza, principalmente como consecuencia del crecimiento económico y de los programas de transferencia social.
En tal sentido, según el Banco Mundial, la pobreza en Panamá (medida en términos de un ingreso menor de $4 por día) ha pasado en los últimos quinquenios de 33.5% a 20.9%, lo cual es significativamente mejor que la disminución que se dio en América Latina, donde pasó de 32.2% a 25%.
Igual ocurre con la pobreza extrema (que se mide en términos de $2.50 de ingreso diario) que ha pasado en Panamá de 19.2% a 11.8%, un poco más significativa que la disminución registrada en la región, donde pasó de 17% a 12%.
Dicho esto, es evidente que también ha habido una importante disminución de la pobreza de Panamá, incluso con respecto del resto de la región.
Sin embargo, persisten bolsones de pobreza que podrían requerir políticas específicas para promover una mayor movilidad social y hacerlo de manera sostenible.
De hecho, la pobreza se concentra claramente entre ciertos segmentos de la población. Por ejemplo, la comarca Ngäbe-Buglé (que conforma la población indígena más grande con 260 mil personas) presenta un nivel de pobreza de 93%.
Más aún, las tres principales comarcas indígenas conforman casi el 42% del total de pobres en el país, a pesar de que solo representan el 7% de la población total. Así mismo, el ingreso per cápita de las comunidades rurales (principalmente las comarcales) creció solo el 1%, por debajo de la tasa de crecimiento que registró el ingreso nacional.
Esto refleja que, a pesar de los avances, persisten severas diferencias en los niveles de pobreza y sobre todo se mantiene una brecha social importante entre la pobreza no rural versus la rural y la comarcal.
Ello conlleva a identificar cuáles políticas y estrategias permitirían reducir esta brecha social y económica, pasando por un enfoque de combatir la pobreza rural que implica orientar una mayor porción de inversión pública hacia las áreas rurales e indígenas.
Esto debe darse a través de un mecanismo que, de paso, atenúe la pobreza y faculte a los beneficiarios para desarrollar una mayor movilidad social, por ejemplo a través del acceso de esta población a la red de internet, para crear fuente de conocimiento e incluso de emprendimiento.
Claro está que ello conllevaría reforzar la presencia institucional en esas comarcas a efectos de canalizar de manera más fluida, efectiva y permanente la asistencia social para estos segmentos de la población.
Igualmente exige desarrollar un enfoque de mayor eficiencia y competitividad en cuanto al proceso educativo, y mejorar la calidad de educación que se presta a estas comunidades rurales y comarcales —principalmente enfocándose en elementos de carácter cultural.
Otra vía sería la puesta en marcha de un plan de descentralización que permitiría, por un lado, un mayor empoderamiento de la población en la toma de decisiones administrativas y políticas, y por otro, facultar a las autoridades locales para que puedan atender de manera más efectiva y oportuna las crecientes necesidades que atañen las respectivas comunidades.
Implica también que los municipios puedan obtener recursos para reforzar su capacidad de ejecución con fondos propios y canalizar las transferencias sociales que se desarrollan a través de fondos del Gobierno central. Dado que la pobreza rural presenta los mayores rezagos sociales, resulta imperativo el reforzamiento del proceso municipal para así reducir la pobreza y mejorar la equidad social, todo en el marco de un sostenido crecimiento económico.
