Venezuela intentó tranquilizar ayer a las compañías mineras extranjeras, al asegurar que un decreto que incrementa el control gubernamental sobre los contratos y las concesiones de oro y de diamantes no representa una amenaza para ellas mientras estén dentro de la ley.
El ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, dijo a la agencia estatal de noticias Venpres que su despacho “no revocará aquellos contratos y concesiones mineras de diamante, oro, piedras preciosas y otros recursos que estén cumpliendo con las normas legales”.
En una medida que alarmó y confundió a la comunidad minera, el ministerio anunció el mes pasado que estaba asumiendo el control de —y que auditaría cuidadosamente— todos los contratos y concesiones, incluyendo los que han sido firmados con el conglomerado estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
El anuncio, combinado con noticias de que Venezuela estaba revocando parte de una concesión aurífera y diamantífera que tiene la firma de capital estadounidense Guaniamo Mining Co.
Ltd., creó preocupación sobre la seguridad de las inversiones mineras en el quinto exportador mundial de crudo. El presidente Hugo Chávez ha dicho que le da la bienvenida a la inversión extranjera, pero sus opositores políticos dicen que su autodenominada “revolución” favorece el incremento del control económico estatal y es hostil a los negocios privados. Los adversarios buscan celebrar un referendo para revocar su mandato, posiblemente en febrero del 2004.
