En una nota inadvertida por algunos medios en Panamá, el pasado 12 de agostó se oficializó que el consorcio encabezado por Sacyr Vallehermoso, una de las seis compañías constructoras más grandes de España, tendrá la responsabilidad de construir el tercer juego de esclusas.
En este consorcio internacional, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), participan también la compañía italiana Impregilio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana S.A.
El pasado 6 de julio, este grupo de empresas presentó la mejor oferta desde el punto de vista financiero y técnico por encima de aquellas suscritas por consorcios de compañías donde participaban la tristemente célebre Bechtel, presuntamente involucrada en malas prácticas y el tráfico de influencias a nivel internacional, y la igual de famosa compañía mexicana ICA, que tampoco cuenta con mucha estima entre la población de nuestro país.
No obstante, este consorcio de compañías se enfrenta a retos provocados por un clima económico adverso, especialmente en el ramo de la construcción. Sacyr, en España, fue una de las compañías que salió más beneficiada del boom inmobiliario español, y con su caída, sufrió enormemente.
Así, Sacyr recurrió a un penoso proceso de re-estructuración administrativa y financiera para lograr saldar una deuda que al cierre del 2008 alcanzaba 15,177 millones de Euros (21,505 millones de dólares).
Si bien la cartera de construcción para este año ha repuntado sorpresivamente, en parte producto de un modesto y quizás superficial rebote económico en la Eurozona, Sacyr tuvo de desvincularse de su filial de infraestructuras, Itinere, y venderla a Citi por 7,887 millones de Euros (11,250 millones de dólares).
Asimismo, esta compañía goza de contactos importantes dentro del gobierno español.
Cuando Sacyr trató de comprar la compañía francesa Eiffage, a pesar de la resistencia de los accionistas franceses, el Jefe del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió en enero del 2008 con el Presidente Nicolás Sarkozy a fin de encontrar una solución amistosa al problema.
Al final de cuentas, Sacyr no salió victoriosa y tuvo que venderle su participación en Eiffage a un consorcio de inversionistas franceses.
De contactos similares goza la multinacional italiana Impregilio ya que con la ascensión del Primer Ministro Silvio Berlusconi, el gobierno italiano revirtió la suspensión de su proyecto insignia, un puente de suspensión hacia Sicilia.
Naturalmente, la participación de esta compañía en la ampliación será tema de conversación cuando el Presidente Martinelli visite a su homólogo en Italia en septiembre.
Sin duda, el proyecto de ampliación es monumental en sus dimensiones, y la Autoridad del Canal de Panamá ha actuado con responsabilidad en las labores que la ciudadanía panameña constitucionalmente le encomendó.
Y si bien no soy tan ingenuo de pensar que en el mundo de los megaproyectos, los negocios y la política van de la mano, a pesar de la importancia de la ampliación para el sector de la construcción a nivel internacional, es claro que el accionista principal de esta iniciativa es el pueblo panameño, quien aprobó la propuesta democráticamente en el 2006.
En efecto, el pueblo tiene cifrada sus esperanzas en el nuevo gobierno, pero además, también está a la expectativa del futuro de la ampliación.
Nota del editor.
A los cuestionamientos del señor Fisher se suma la reflexión del señor Fernando Manfredo, quien fuera el primer administrador panameño que tuvo el canal interoceánico a finales de los años 90:
“No comprendo la diferencia abismal entre el precio cotizado por los otros dos consorcios y el del consorcio ganador que correspondía casi en su totalidad al precio estimado por la ACP (Autoridad del Canal de Panamá).
Si alguien me lo explica debo concluír en que los que hicieron los diseños de las nuevas esclusas, su fabricación e instalación para preparar las propuestas perdedoras, son unos incompetentes. Allí hay empresas de prestigio como la Bechtel y la Mitsubishi.
La ACP no ha divulgado, si es que se formularon, advertencias de parte de los consorcios perdedores.
Solo me resta esperar que al final de los trabajos de parte del consorcio ganador el costo responda a la propuesta.
La ACP se libró de un serio problema: que resultaba de aceptar cualquiera de los dos precios propuestos por los consorcios perdedores ya que, en ese caso, el costo total del proyecto, señalado en la Ley que convocó al referéndum, en un tope de $5,250 millones, se hubiese excedido en $ 1,000 o $2,000 millones”.
