La inversión extranjera en Panamá mantiene la tendencia hacia la baja desde 1999. De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), para el cierre de este año la inversión extranjera en el país llegará sólo a 200 millones de dólares, casi un 50% por debajo de la registrada el año pasado.
El presidente de APEDE, Carlos Ernesto Ramírez González, indicó que la dramática caída de las inversiones en Panamá se debe a la falta de un adecuado sistema de seguridad jurídica, que es lo primero que estudian los empresarios antes de elegir el país en el que invertirán. Indicó que esto no sólo ha afectado a las inversiones extranjeras, sino también a las nacionales.
En 1999 la caída de las inversiones se había registrado marcadamente en la inversión extranjera, pero los niveles de inversión internos se habían mantenido relativamente altos. Sin embargo, en los últimos dos años la tendencia a la baja se ha generalizado, tanto en las inversiones extranjeras como en las locales.
Las estadísticas de la APEDE indican que la inversión externa acabó en 1999 en 516 millones dólares, mientras que en el año 2000 bajó a 393 millones de dólares. Las inversiones foráneas a junio de este año sumaban alrededor de 100 millones dólares y se estima que al cierre esta cifra llegue a 200 millones.
González Ramírez explicó que los ejemplos más comunes de situaciones y hechos que generan incertidumbre jurídica son la imposición de nuevas cargas municipales, decisiones judiciales incongruentes e irregulares, impedimentos y burocracia estatal. Estos elementos sólo promueven la inversión de alta rentabilidad con períodos de repago corto, pero que no generan empleo a largo plazo.
El presidente de la APEDE señaló que la libertad económica no es sostenible en la medida que el estado de derecho no funcione. "La libertad económica es un pre-requisito esencial para desarrollar un Estado de derecho. Uno no existe sin otro, pero entonces lo que tenemos es libertinaje y anarquía", dijo González Ramírez. Replicó que un Estado de derecho debe estar basado en una aplicación igualitaria de la ley.
"Hemos visto como en el período legislativo pasado se aprobó una lista larga de leyes con nombre y apellidos que afectan la inversión. En alguna medida esto se ha convertido en una práctica regular legislativa", manifestó el presidente de APEDE.
Las declaraciones de González Ramírez se dieron en el II Foro de Seguridad Jurídica organizado por APEDE.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, indicó que la percepción internacional de que existe seguridad jurídica en el país se logra precisamente con la adecuada reglamentación de los compromisos de Estado, la transparencia en la adjudicación de las licitaciones públicas y la observancia de los contratos Ley.
"Panamá se enfrenta a los desafíos que implican las exigencias de la modernización económica, precisamente porque en ningún momento de la historia panameña había sido tan clara la vinculación entre el escenario doméstico y los acontecimientos internacionales, ni tan crucial el imperativo de la internacionalización del país en medio de fenómenos mundiales como la globalización y la profundización de la interdependencia de los actores mundiales", expresó Arosemena.
Cabe explicar que la Ley 54 de 1998 consagra el régimen de estabilidad jurídica en materia tributaria, aduanera y laboral en Panamá por un período de 10 años a favor de las empresas que inviertan en el país un mínimo de dos millones de dólares en actividades turísticas, industriales, agrícolas de exportación, agroforestales, mineras, zonas procesadoras de exportación, zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desasrrollos portuarios y ferrocarrileros, generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos.
