Existe la impresión, que persiste en algunos sectores de Panamá, que es mejor gobierno aquél que más dinero gasta. Lo peor es si se derrochan los recursos públicos en gastos superfluos e innecesarios.
En el pretérito, Panamá no puede asignarle una evaluación más alta a los gobiernos que más préstamos recibieron y que por ello dispusieron de más fondos para gastar. Durante esos períodos y después, continuaron los problemas, la pobreza no disminuyó. Lo que sí aumentó fue la deuda. Con esa consecución fácil de dineros no faltaron proyectos disparatados o actividades plagadas de ineficiencia y de corrupción. Recurrir a refinanciamientos, comprometer recursos y liquidar activos para utilizar el crédito para gastar más y no para invertir. Tampoco es admisible: así tendríamos el crecimiento de deudas y de gasto público sin resolver verdaderas necesidades.
Debemos recordar que el dinero que el gobierno gasta proviene principalmente de los impuestos y tasas, los préstamos contraídos por el sector público y la venta de bienes del Estado. Afortunadamente, nuestro sistema económico y fiscal no permite imprimir billetes y por ello podemos guardar cierta estabilidad con inflación baja, que invite a la inversión, creadora de riquezas y empleos.
Lo que puede ser un buen gobierno es desarrollar una política de austeridad, con disciplina fiscal que genere oportunidades de empleos y brinde servicios públicos más eficientes, con proyectos y posibilidades reales de progreso logrados con absoluta transperencia y control. Si ello no es así, aunque hubiere una mayor asignación de recursos y aumente el gasto público, no habremos avanzado en la lucha contra la pobreza.
Hay algo más. Y esto lo comprueban experiencias recientes; no sólo por anunciar proyectos o señalar posibles fuentes de financiamiento los problemas encuentran solución. Existe una gran distancia entre la enunciación o aprobación de proyectos y su ejecución real.
No sólo es asunto de disponibilidad de recursos. Es cuestión de hacer un trabajo que requiere programaciones, planos, contrataciones, movilización de materiales y de personal, esfuerzo físico, supervisión, inspección y fiscalización adecuada.
Los pueblos dejan de creer cuando no ven resultados. La credibilidad no se compra ni se vende en el mercado. Se gana con actuaciones. Es el fruto de percepciones que surgen del desempeño. No es cuestión de propaganda. No es cuestión de creación de imagen.
Por todo lo anterior, debemos insistir que en la lucha contra la pobreza un objetivo fundamental debe ser mejorar los servicios públicos existentes, lo que exige también un mayor rendimiento del funcionamiento.
No hay dudas. El Estado necesita recursos para operar, pero tan importante como ello es la eficiencia en el gasto público.
