Panamá
La renovación automática que se podría hacer a la concesión que mantiene la transnacional al país ha levantado voces de críticas que se suman a las generadas por el pago de dividendos al Estado.
La concesión de los puertos se dio a finales de los noventa. Foto: Archivo
La posible prórroga automática del contrato por 25 años más a Panamá Ports Company (PPC) representaría una oportunidad perdida para el Estado de definir que hacer con su bien más privilegiado que es su posición geográfica.
El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, confirmó que existe un borrador de dicha extensión que, a juicio de la economista Maribel Gordón, constituye un elemento "irrespetuoso e irrisorio" frente a una actividad que genera ganancias extraordinarias.
"Se benefician de manera audaz de nuestros recursos sin que haya un gobierno que tenga una política de carácter nacional", expresó.
Desde que abrió operaciones en 1997, PPC solo ha pagado 8 millones de dólares en dividendos al Estado en concepto del 10% de las acciones de la empresa.
El abogado Alfonso Fraguela considera imperante que el gobierno también evalúe los términos de una nueva prórroga.
"Lo que cabe es que las autoridades evalúen la posibilidad de negociar los términos de esta prórroga, porque el que el contrato llegue a su fin le deja la puerta al Estado para hacer una renegociación de los términos que originalmente se establecieron", dijo el abogado.
Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que Panamá Ports debió haber entregado a Panamá más de 90 millones de dólares en concepto de dividendos en sus primeros 23 años de concesión.'
No fue hasta 2017, que la junta directiva de PPC declaró ganancias por 20 millones de dólares, de los que le correspondió a Panamá 2 millones de dólares.
PPC pagó el primer millón de dólares en concepto de dividendos al Estado en 2015.
Un informe de la Contraloría revela que el Estado debió recibir más de 90 millones de dólares en los primeros 23 años de concesión de los puertos a PPC y no los 9 millones reportados en los últimos cinco años.
La renovación automática a PPC sería por otros 25 años, con la incógnita de que le tocaría al Estado.
Y si bien dentro de dicha renovación se pudieran gestionar pagos al Estado, para la economista Gordón, al final, se seguirían favoreciendo los intereses de PPC.
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"No hay interés de desarrollo nacional con la entrega de la actividad portuaria", consideró.
El economista Felipe Argote piensa que el gobierno no tiene músculos para entrar en una negociación, en momentos en que se encuentra 'súper endeudado' y con grandes problemas económicos.
"Lo que creo es que no tiene la capacidad para poder representar al Estado y muy probablemente es que el resultado será que tengamos un pésimo contrato", dijo.
El economista planteó que el Gobierno debió abrir un concurso para ver cómo están las condiciones del mercado y tener más criterios para entrar en una negociación.
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"Ver qué pasa, qué dice la gente, las otras empresas, qué está dispuesta a asumir y sobre esa base tú puedes negociar. Pero, cómo puedes negociar, si tú no tienes nada", indicó.
Argote señaló que si el Gobierno no tiene una base sobre la cuál sentarse a negociar con la empresa, simplemente se trabaja con la buena fe de esta, "que no la ha demostrado hasta el momento", resaltó.
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