Administrar los fondos de la Ley 24 y Ley 25, ambas de junio de 2001 y destinadas al apoyo agropecuario, es la esencia del anteproyecto que presentará a la Asamblea Nacional, el gerente general Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), Rubén Campos.
Ambas legislaciones están bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), sin embargo, a través de los años han recibido fuertes críticas por parte de los productores por la falta de efectividad.
Específicamente, la Ley 24 de junio de 2001 adopta medidas para apoyar a los productores agropecuarios afectados por las condiciones climatológicas adversas y otras contingencias.
Mientras , la Ley 25 de junio de 2001 tiene el objetivo de brindarle apoyo administrativo, laboral, financiero y de servicio al productor en el proceso de adaptación y modernización de sus actividades.
El borrador de la propuesta del ISA fue distribuida a los diversos gremios agropecuarios del país; sin embargo, se estima que a finales de febrero próximo, el anteproyecto llegue a mano de los diputados.
Rubén Campos, gerente general del ISA, adelantó: “Creo que podemos ser más eficientes, porque actualmente hay una mora muy grande con la Ley 24 que maneja el MIDA. Hay una burocracia espantosa”.
Explicó que ha conocido clientes de esa Ley que tienen 10 años esperando que les reembolsen el dinero y aún no se les ha dado respuesta.
¿Qué favor tú le puedes hacer a un productor que hipotecó su propiedad con base en un dinero que nunca ha llegado?, se preguntó el funcionario.
Muy seguro de su estrategia, Campos señaló que una vez el anteproyecto llegue a la Asamblea, no debe tener mayores complicaciones, puesto que saben de las necesidades del agro.
La Ley 24 contó con un fondo de $2.5 millones en el 2011 para crédito al productor. No obstante, a esta legislación se le mantenía una deuda, a septiembre del 2011, de $30 millones.
“En el anteproyecto pedimos que nos eximan del control previo de $50 mil hacia abajo que realiza la Contraloría General, con la finalidad de que el efectivo pueda llegar a las manos del productor más rápido”, indicó Campos.
Durante la pasada administración del MIDA, mucho se dijo de que un fondo de $2.5 millones no era suficiente y que se requería de por los menos, un millón de dólares adicionales.
En el caso de Ley 25, tuvo un presupuesto el año pasado de $6 millones de dólares, que según sus administradores fue desembolsado en su totalidad a productores.
Para este año, el presupuesto de Ley 25 también es de $6 millones.
En busca de reacciones por parte del MIDA, ante la iniciativa del ISA, las autoridades de Ley 25 y 24 indicaron no poder dar declaraciones porque desconocían el tema y porque las cifras son confidenciales.
