Desde un piqueteo en la Plaza Porras hasta el envío de una carta al presidente electo de Estados Unidos, George W. Bush, son algunas de las primeras medidas que los jubilados panameños del gobierno norteamericano en Panamá están procesando, en rechazo del servicio que, según ellos, ha monopolizado la compañía de seguros HNA en combinación con la Clínica San Fernando.
Uno de los voceros de este grupo, Julio Bermúdez, manifestó en tono enérgico, en una conferencia de prensa efectuada ayer en un hotel de la localidad, que los jubilados del Canal de Panamá, que son realmente pensionados por el gobierno de Estados Unidos como parte de su compromiso en los Tratados Torrijos-Carter, detectaron una serie de anomalías con relación al manejo del seguro que este gobierno les proporciona.
Bermúdez denunció que, al igual que otros programas, la HNA asesorada por la Internacional de Seguros, estableció que los jubilados sólo se podrán atender en la Clínica San Fernando y con los especialistas que ellos determinan, sin haberles solicitado y convalidado su criterio.
Este acuerdo unilateral , de acuerdo a Bermúdez, incluye pagar 75 dólares por hospitalización, 10 dólares por consulta ambulatoria, y además se debe pasar por el filtro de un médico de cabecera nominado por la clínica.
" La HNA decidió monopolizar las especialidades; han empezado por oftalmología y anestesiología, lo que pone en peligro la vida de los 19,000 asegurados, ya que estos médicos casi desconocidos no conocen su patología", agregó Bermúdez.
Es por eso, según Bermúdez, que se ha organizado para el 1" de febrero una reunión masiva en la Plaza Porras para exponer todos los derechos que se han violado al no someter este programa a consultas.
En la carta enviada al presidente Bush, los jubilados canaleros exponen que se han desarrollado ciertas irregularidades y arbitrariedades en la aplicación de sus pólizas.
Destacan, entre otras: el pago del 30% de la prima mensual del seguro, monopolización del servicio de oftalmología y el pago de 10 dólares en concepto de consulta ambulatoria.
Los quejosos indicaron que, al implementar esta decisión inconsulta, no se tomó en consideración que el 40% de los jubilados de la zona del canal tienen pensiones basadas en salarios muy bajos.
Bermúdez dijo que ante esto, solicitan que se reconsideren las decisiones ya tomadas y que se haga una investigación y áudito de los manejos administrativos del plan.
Por otra parte, Bermúdez denunció que al escogerse a la Clínica San Fernando no se hizo una precalificación, tomando en cuenta a otros centros médicos, con el fin de seleccionar al que ofreciera mejores servicios.
" Este proceso no se cumplió, y se escogió unilateralmente a San Fernando, clínica a la que sólo debería pagársele 8 millones de dólares anuales, cuando en la clínica que anteriormente se atendían, los costos anuales le salían a la aseguradora por 18 millones de dólares".
Para lograr este abaratamiento los médicos deben recetar a sus pacientes los medicamentos más baratos, aunque no sean los más efectivos para contrarrestar la patología que mantienen a los pacientes enfermos.
Además , dijo , deben enviar las pruebas de laboratorios baratas que quizás no sean las necesarias para hacer un diagnóstico apropiado, y por último dejan al paciente hospitalizado menos días de los que requiere para reponerse de su enfermedad.
Los jubilados canaleros anunciaron que continuarán sus protestas hasta que se disuelva el compromiso de servicio hospitalario contratado a sus espaldas.
