Un juez ecuatoriano suspendió ayer temporalmente los incrementos en el precio de los combustibles y gas doméstico aprobados por el Gobierno de Ecuador a finales de diciembre y que habían originado conflictividad social.
Esta decisión sitúa por segunda vez en esta semana en una posición incómoda al Ejecutivo, presidido por Gustavo Noboa, ya que otro juez también ordenó en Quito la suspensión de las alzas en el transporte público.
El juez Antonio Guerrero admitió a trámite el recurso de amparo constitucional contra los fuertes aumentos en los precios de los combustibles y del gas, presentado por organizaciones sociales, informó la emisora "Sonorama".
Estos incrementos han provocado durante esta semana manifestaciones callejeras, protagonizadas sobre todo por estudiantes, con un saldo de casi 200 detenidos.
Por su parte, los transportistas dejaron durante dos días a la capital ecuatoriana sin servicio público, en protesta por la decisión judicial de anular las subidas.
Sin embargo, este viernes reanudaron el servicio aunque con los incrementos, amparándose en otra decisión judicial, esta vez de un juez de Guayaquil (suroeste del país) que consideró legales las alzas de precios.
El paro de los transportistas obligó a suspender las clases, que se reanudarán el próximo lunes, lo que disminuyó al mismo tiempo la protesta estudiantil en las calles.
El conflicto jurídico en torno a los incrementos de precios aprobados por el Gobierno puede que tengan que ser dirimidos en última instancia por el Tribunal Constitucional.