La justicia argentina declaró "admisible" la acción de amparo promovida por una empleada pública contra el ajuste en el sector estatal y ordenó al Gobierno que en "el plazo de cinco días remita informes acerca de los fundamentos del decreto" que establece el ajuste, se difundió ayer en los tribunales porteños.
La jueza laboral Graciela Lucía Craig hizo lugar a la medida cautelar interpuesta la semana pasada por Nélida Soto, empleada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), contra la rebaja del 13% de los salarios (igual jubilaciones) decidido por el gobierno de Fernando de la Rúa el 11 de julio en su cruzada por alcanzar el déficit cero. "Se entiende que la protección de sus eventuales derechos no puede ser obtenida por otra vía que no sea la acción de amparo", justificó la letrada en su resolución.
En forma paralela, se conoció este lunes que el Gobierno aceptó atenuar el impacto social de ese plan, aunque sin cambiar su meta de déficit fiscal cero, acordada con casi toda la clase política y negociar con el Parlamento. La noticia de la reformulación del ajuste fue confirmada por el secretario general de la presidencia argentina, Nicolás Gallo.
Este funcionario explicó que, "básicamente, se consensuaron (entre el Gobierno y los bloques parlamentarios de la gobernante Alianza) algunas ideas para poder levantar el "piso" salarial de jubilados y estatales" afectados por la reducción. El decreto del Gobierno, por iniciativa del ministro de Economía, Domingo Cavun nivel de 300 pesos (igual en dólares) a partir del cual se aplicaría la poda del 13% en los salarios los estatales y las jubilaciones.
Pero el nuevo acuerdo entre el Gobierno y los legisladores de las bancadas de la Alianza gobernante reubicarían en 1.000 pesos el "piso" salarial sobre el cual se aplica el recorte, admitió Gallo. Una canasta básica de supervivencia en Argentina está calculada en unos 1.500 pesos para una familia tipo, con dos hijos.
PROTESTAS GREMIALES ENTORPECEN DEBATE POR LEYES DE AJUSTE EN ARGENTINA
Movilizaciones de protesta de empleados del Congreso argentino y la Legislatura (parlamento) de la provincia de Buenos Aires (centro-este, la más poblada) entorpecían ayer el tratamiento de cruciales leyes de ajuste fiscal, informó la prensa local.
La Asociación del Personal Legislativo (APL), que nuclea a 10,484 trabajadores del Congreso de la Nación, se declaró en estado de asamblea permanente, lo que ponía en duda el debate en la Cámara de Diputados de las iniciativas tendientes a eliminar el déficit presupuestario.
En simultáneo, unos 200 empleados de la Legislatura bonaerense ocuparon pacíficamente el viernes las instalaciones del Palacio Legislativo en la ciudad de La Plata, 60 Km al sur de Buenos Aires, capital de la provincia bonaerense.
El personal legislativo del territorio bonaerense anunció un plan de lucha contra las reducciones de salarios, que alcanzarán también al distrito, gobernado por el peronismo, primera oposición a nivel nacional.
El Gobierno federal había decretado una reducción de un 13% en salarios de jubilados y estatales mayores a 300 pesos (igual en dólares), pero ayer llegó a un acuerdo para elevar este "piso" a 1.000 pesos, a cambio de instrumentar reformas impositivas que recaigan sobre sectores pudientes.
Ricardo Sablich, líder de APL, dijo en asamblea que el objetivo de la movilización no es impedir la sesión, pero aclaró que "cuando los diputados entren al recinto para meterle la mano en el bolsillo de la gente, lo van a tener que hacer solos", sin la asistencia de los empleados del Parlamento.
La medida de fuerza alcanzaría a los taquígrafos que llevan registro de las intervenciones de los oradores y de otros empleados indispensables para cumplir los requisitos parlamentarios.
En cambio, en la Legislatura, los empleados formaban barreras humanas e impedían la entrada de los diputados a sus oficinas y al recinto de deliberaciones. El gobernador peronista bonaerense Carlos Ruckauf y los mandatarios de los 23 distritos restantes firmaron esta semana un acta de compromiso con el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, para ajustar las cuentas, cada uno a su manera.
Ruckauf también eligió la vía de la reducción de salarios, aunque se verá forzado a pagar en bonos una parte de ellos, en el marco de una reforma global, para la cual necesita del apoyo de la Legislatura.
Argentina está lanzando un severo plan de austeridad que incluye alcanzar un déficit cero, para combatir la incertidumbre de los mercados que venden masivamente bonos argentinos y hacen subir así la tasa de riesgo país, lo que podría desembocar en una cesación de pagos.
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