La meta: construir viviendas de interés social

Además de los retos comerciales, agropecuarios, y de salud pública, el gobierno entrante tendrá que hacerle frente al grave problema del déficit habitacional.
Para librar esta férrea batalla se designó como ministra de esta cartera a Balbina Herrera Araúz, quien conversó con El Panamá América sobre los planes para los próximos cinco años.
nnn¿Cómo enfrentará el alto déficit habitacional que registra el país?
Aunque se ha registrado un crecimiento en la creación de barriadas para la clase media del país, hay un sector de la población panameña que no ha sido tomada en cuenta.
Hay que abordar el mercado del salario mínimo que está compuesto por quienes devengan entre 200 y 300 dólares al mes.
En estos momentos no hay viviendas en el mercado para este grupo de personas, ya que las viviendas están por encima de los 10 mil dólares.
Esto se debe básicamente a que los panameños que están dentro de la economía informal, y devengan un salario mínimo no son sujetos de crédito.
Para dar respuesta a este sector de la población se han realizado reuniones con varias entidades bancarias, con promotores de vivienda y con cooperativas, con el fin de resolver esta situación en el primer año de gobierno.
Hay que realizar algunos ajustes en esta ley, y existen propuestas por parte de las promotores de viviendas quienes indicaron que se podía aumentar estos intereses hasta propiedades con un valor de 82 mil dólares.
Otra opción presentada propone dividir la ley existente, donde los intereses a las viviendas de 62 mil dólares, lleguen a 40 mil, y los 22 mil dólares restantes se repartan entre los sectores de la comunidad con salario mínimo y los pertenecientes al sector informal.
Esta propuesta no es viable, porque no se puede desmejorar lo que se tiene.
Para dar soluciones efectivas en materia de vivienda a los trabajadores con salario mínimo y a los que se dedican al negocio informal, hay que ser creativos, sin perjudicar la tasa de interés preferencial ya existente.
Hay varios aspectos que se han discutido con los diversos sectores con el fin de beneficiar a los nuevos grupos que deben obtener una vivienda en el país.
Una de las medidas que se ha puesto en discusión con las empresas promotoras, y el sector privado, es la de ofrecer bonos de infraestructuras para quienes no tienen acceso a una vivienda de calidad.
De igual manera se está considerando el Programa de Ayuda Rápida para Viviendas de Interés Social (PARVIS), aunque ha dejado un mal sabor en la ciudadanía, ahora será utilizado para el mejoramiento de viviendas, el mismo sería de 1,500 dólares. Estos puntos aún se mantienen en discusión.
La disputa generada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que señala que se deben cumplir con una serie de regulaciones establecidas para el sector construcción según la Ley 78 de 1941, está siendo evaluadas por una comisión.
En caso tal, que el tema no ingrese a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, será abordado en la primera sesión del Consejo de Gabinete.
Hay que abordar lo más pronto posible el tema de la ley de las alturas, ya que se debe evitar una paralización en el sector construcción.
Si se deja en el limbo esta ley, son varios sectores los que se verán afectados, incluyendo los grandes y pequeños arquitectos y diseñadores.
El mayor déficit se encuentra en las cabeceras de las provincias, pero el gobierno enfrenta un serio problema para dar soluciones en algunas áreas.
En el caso de la provincia de Coclé no se cuenta con tierras estatales, mientras que en Santiago hay terrenos privados muy buenos, pero hay que negociar; mientras que para las áreas de Colón y Chiriquí si se cuenta con terrenos para construir viviendas.
El caso de Darién es "tétrico" porque sus viviendas están muy deterioradas, y hay que ofrecer una buena infraestructura.
Cuesta mucho más permitir las invasiones de terrenos. A mi juicio se debe planificar algún tipo de mecanismo en conjunto con las personas en esas áreas, para dar soluciones e infraestructuras. Si el Estado consigue préstamos internacionales para ofrecer infraestructuras y el sector privado construye, se solucionaría un poco el problema de invasión de tierras.
Sin embargo, para que las áreas de desarrollo funcionen adecuadamente, debe haber coordinación entre el Ministerio de Educación, Salud, Gobierno y Justicia, para ofrecer algo más que viviendas.