Los anteproyectos de Ley presentados en la Asamblea Nacional para estos fines han quedado engabetados, uno de estos es el anteproyecto No. 118 presentado un 14 de noviembre de 2001, por el cual se toman medidas en defensa y funcionamiento de las empresas en crisis económicas y sus trabajadores propuestos por los legisladores Calos Smith y Olgalina de Quijada.
Esta iniciativa pretendía que los empresarios no perdieran el crédito suministrado, ni los trabajadores sus empleos y en última instancia que la empresa pudiera volver a manos de sus dueños primarios, si así lo deseaban. Experiencias iguales a éstas existen en muchos países de América y Europa. En Estados Unidos esta inciativa es conocida como Capítulo XI (Chapter eleven) de la Ley de Quiebra.
También, otro anteproyecto que se presentó fue el No. 140 un 10 de abril de 2002, por el cual se crea un régimen especial de reestructuración financiera de empresas con problemas de insolvencia y se dictan otras disposiciones, propuesto por los legisladores Rubén Arosemena y Teresita de Arias.
Dicho anteproyecto buscaba salvar empresas que atravesaban por dificultades económicas sin desmejorar los derechos legítimos de los acreedores, porque consideran que la empresa es la principal unidad del sistema económico de libre mercado, es el motor del desarrollo de la sociedad y representa el dínamo del progreso, valor imprescindible que hay que impulsar y preservar.
Según expertos, la legislación no cuenta con disposiciones que promuevan la conservación de la empresa en situaciones de crisis, lo que procuran es la liquidación de la empresa.
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