Legisladores de Ecuador investigan en Panamá la quiebra de Filabanco

El presidente de la Comisión Fiscalizadora del Congreso Nacional de Ecuador, Carlos González Albornoz llegó ayer a Panamá para tratar con la Superintendente de Bancos, Delía Cárdenas el tema de la quiebra del banco ecuatoriano Filabanco, su filial en Panamá y la supuesta desaparición de 63 millones de dólares De acuerdo con versiones oficiales, uno de los puntos que tratará González será el amparo de la legislación panameña sobre el Filabanco Trust & Banking Corp.
El diario "El Comercio" de Quito, Ecuador, publicó ayer que el Filanbanco le tiene que entregar la cartera (deudas) de 91 empresas (141,6 millones de dólares) al Grupo Isaías. Esto significaría otro golpe a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que no ha tenido buenos resultados en los últimos juicios bancarios.
La jueza tercera de lo Civil del Guayas, Mercedes Bacilio, el 27 de agosto pasado, dictó sentencia en el juicio que iniciaron Intral Panamá y Seguros Rocafuerte, ex accionistas de Filanbanco, para recuperar, por esta vía, el capital que fue castigado cuando el banco pasó a manos del Estado, el 24 de noviembre de 1998.
Los demandantes argumentaron que, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de reordenamiento económico en el área tributario- financiera, que establece que los activos que hubiesen sido cubiertos total o parcialmente con el capital, y otros recursos de los ex accionistas, están en la obligación de devolverse a los ex dueños como pasó con los bancos La Previsora y Pacífico.
La mayoría de la cartera que tiene que entregarse está concentrada en créditos vinculados que tenía Filanbanco con empresas del Grupo Isaías: Ingenio La Troncal, Cablevisión, Josda, Bagno, Megagraf, Compañía Televisión del Pacífico, EICA Emilio Isaías CA Comercio y otras. Pero también existen otras empresas que son los mayores morosos de Filanbanco, como Pesquera Jambelí.
Esta lista entregó Filanbanco para que se cubra el capital castigado de los ex dueños, en reemplazo de la que habían propuesto inicialmente los demandantes, que sumaban 392 empresas y un monto superior a los 375 millones de dólares. Según la sentencia de la Jueza, los demandantes no pueden negarse a aceptar este paquete.