La Cámara de Representantes de Uruguay comenzó a tratar el martes un proyecto de ley de ajuste fiscal, ya aprobado en el Senado, que establece fuertes alzas impositivas para mejorar los ingresos del Estado y así acceder a ayuda adicional del FMI para la castigada economía.
Uruguay pidió al FMI fondos adicionales -que están siendo estudiados por el organismo- para enfrentar la pérdida de confianza en su sistema financiero y daños en las finanzas públicas debido a una reducción en las recaudaciones por concepto de comercio y turismo derivada de la crisis argentina. Al comenzar a tratar la ley, a las 15.00 hora local (1800 GMT), no existían votos suficientes para aprobarla por la negativa de cinco diputados del Partido Nacional, aliado del gobernante Partido Colorado, del presidente Jorge Batlle. Ambos partidos son de centroderecha.
De 99 diputados que integran la Cámara, 32 son colorados, 22 nacionalistas, 40 de la opositora izquierda y cinco del centroizquierdista Nuevo Espacio. Estas dos últimas fuerzas ya manifestaron su oposición al proyecto.
Ante la falta de votos, los nacionalistas pidieron un cuarto intermedio para considerar declarar al proyecto como de asunto político, lo cual obligaría a todos los diputados del partido a alinearse con la posición mayoritaria, dijo a Reuters el diputado oficialista Gabriel Pais.
"Así llegaríamos a los votos necesarios para aprobar el proyecto", dijo el legislador.
Con este proyecto, el gobierno espera recaudar unos 230 millones de dólares adicionales este año para cumplir así con la meta pactada con el FMI de reducir a 2,5 por ciento del producto un abultado déficit fiscal que a diciembre era de 4,2 por ciento, equivalente a 779 millones de dólares.
El proyecto, cuyo pilar son alzas impositivas escalonadas a salarios y jubilaciones, ha desatado las protestas de los trabajadores, que lo consideran un abuso teniendo en cuenta el deterioro del empleo y del salario debido a la larga recesión en que el país está sumido desde 1999.
La central única de trabajadores PIT-CNT convocó a una manifestación golpeando cacerolas en señal de protesta frente al Palacio Legislativo, sede del Congreso, mientras la Cámara Baja analice el proyecto de ley. Además de elevar los impuestos a salarios y jubilaciones, el proyecto incluye alzas en los gravámenes a la renta de las empresas industriales, de comercio y agropecuarias y la extensión de un gravamen que actualmente se aplica a productos, a servicios públicos como agua, electricidad y telefonía. También establece que comiencen a recaudar IVA los médicos y odontólogos que brinden servicios de forma particular y no a través de centros médicos.
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