La Ley 58 mejor conocida como la "Ley de Retorsión", tiene como objetivo dotar a nuestro país de un mecanismo de defensa para contrarrestar los actos que se consideran discriminatorios o restrictivos al comercio de bienes y servicios originarios de Panamá, sostiene el embajador Francisco J. Alvarez De Soto, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores
Este nuevo instrumento jurídico viene a confirmar la posición firme del país para defender su economía de servicios ya que tiene todo el derecho de hacer de esta industria uno de los motores más dinámicos para su economía.
Por coyuntura histórica y el mismo desarrollo de la economía, los servicios han destacado como un vehículo efectivo de obtención de divisas para garantizar el crecimiento del país y no es aceptable que con estándares sobre todo en los cuales no participamos se le asignen calificativo peyorativos a nuestra economía.
La ley va a permitir de una manera ordenada y analítica que el Ejecutivo pueda establecer una lista de países que, de una forma u otra, estén aplicando medidas y acciones que restrinjan o discriminen en contra de la oferta de bienes y servicios de Panamá.
En una segunda etapa el Ejecutivo estaría facultado para que las personas naturales y jurídicas de los países que estén incluidos en esta lista y tengan interés de participar en compras gubernamentales de Panamá, sean excluidos de ventajas y beneficios.
Para tal efecto se establece en la ley, como requisito, una certificación de todos los proponentes a licitaciones donde se deje sentado que el país de esa persona natural o jurídica no discrimine en forma alguna contra Panamá.
Alvarez De Soto informó que en el continente existen países que aplican a Panamá estas medidas, o de alguna forma parecidas como lo son: Brasil, Venezuela, Argentina y hasta hace un tiempo Perú donde se ha producido una reforma y las acciones que afectaban al país ya están eliminadas. México por su parte es el país que más enérgicamente ha venido atacando los paraísos fiscales y ha catalogado a Panamá como uno de ellos, a pesar de que se ha demostrado que no es así.
Este país ha ido endureciendo su política fiscal internacional en su lucha contra la evasión fiscal del tesoro, aplicando medidas como la retención de impuestos previo pago de servicios consumidos por un mexicano y ha hecho mucho más engorroso el tramite administrativos para la conducción de inversiones en México a través de instrumentos jurídicos panameños.
Este tipo de acciones, sostiene el funcionario, tienen por objeto desincentivar en sus contribuyentes la utilización de servicios financieros y legales e incluso de seguros provenientes de Panamá, acciones aplicables bajo el principio recogido en sus legislaciones que consideran a Panamá un paraíso fiscal o un territorio de baja o nula tributación.
Desde hace algunos años nuestra oferta de bienes y sobre todo la de servicios ha sido afectada paulatinamente por políticas especialmente administrativas tributarias o estrictamente de recaudación, que han hecho de nuestros servicios poco atractivos a los consumidores en el exterior.
Se espera que con esta ley se limite a las empresas de estos países su participación en actos públicos y que desde el mismo sector privado de esas naciones que tienen interés de hacer negocios con Panamá, sobre todo en los próximos años donde se darán obras significativas, estas empresas sirvan de vehículo para hacer llegar a sus gobiernos el rechazo y la inconformidad de nuestro país por este tipo de medidas.
El secretario general de la Cancillería aclaró que el objetivo de la ley no es limitar la capacidad de propuestas de todas partes para obras públicas que se realizan en el país.
Asegura que la nueva norma jurídica es plenamente compatible con las obligaciones de Panamá ante la Organización Mundial del Comercio OMC, en calidad de miembro y se ha hecho un trabajo cuidadoso para enmarcarla dentro de estos compromisos donde ningún país podrá decir que violenta los principios de acuerdos y las obligaciones.
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