EL SECTOR empresarial panameño manifestó su descontento ante las autoridades de Gobierno por la puesta en vigencia de la norma sobre caracterización de aguas residuales a partir de julio.
Dicha norma obliga a las compañías que desarrollen inversiones en infraestructuras de sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales en sus instalaciones.
José Javier Rivera, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), aseguró que la medida los afecta porque algunas empresas no tienen presupuesto para estas obras, inversiones que no cuentan con ningún tipo de incentivo fiscal.
"Es cierto que las empresas deben conservar el medio ambiente al compás de la Producción más Limpia, pero esta situación debe ser conversada entre el Gobierno y el sector privado. Solicitamos un período entre seis meses y un año para prepararnos", expresó.
Estos señalamientos no son compartidos por la administradora general de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ligia Castro, al explicar que las compañías sí pueden generar ganancias económicas cumpliendo la normativa ambiental.
Agregó que esta semana se reunirán con los propietarios de industrias, comercios y demás empresarios para explicarles las ventajas de exportación siguiendo la norma de caracterización de aguas residuales, que les ofrecerá buenos precios para sus productos y la opción de incursionar en la Unión Europea (UE), como en los demás países con los que Panamá ya firmó un TLC.
Por su parte, Gabriel Diez, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), destacó la importancia de confeccionar un documento que encierre una "Estrategia nacional de desarrollo", que dentro de su contenido posea el tema de la regulación ambiental.
"Las multas por no efectuar inversiones en el procesamiento de aguas residuales en las compañías son millonarias, de acuerdo al daño ecológico", dijo.
Según la norma de caracterización de aguas residuales, las empresas pequeñas tendrían que invertir aproximadamente $200 mil y las transnacionales o grandes compañías como las cervecerías cerca de $2 millones.
Mientras se realicen las conversaciones, la norma seguirá vigente.
Los empresarios solicitan al IDAAN que asuma la administración de las plantas de procesamiento de aguas residuales en las comunidades.
El sector privado gestiona $450 mil con la Agencia Internacional de Desarrollo de EE.UU. para continuar impulsando la Producción más Limpia (P+L) en las empresas.
Ley ambiental podría afectar las inversiones comerciales
Son 108 empresas las que desarrollan en el país estrategias de Producción más Limpia.
