El director ejecutivo de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Eduardo Rodríguez, manifestó que de no prorrogarse la ley de intereses preferenciales, las consecuencias más directas e inmediatas se reflejarán en los propios compradores.
Expresó que a quienes sus ingresos le permitan adquirir una vivienda, aun sin los intereses preferenciales, evidentemente lo que sí se reducirá será la calidad de su nuevo hogar.
Por su parte, en el sector de la construcción será inminente la reducción del mercado en las actividades de viviendas, acompañado de la reducción en empleo y la disminución en compra y venta de materiales.
De igual manera se verá afectada la política crediticia de los bancos, una situación que en general produciría un ciclo económico sumamente negativo, indicó Rodríguez.
La ley de intereses preferenciales está dirigida a facilitar a los sectores de más bajos recursos la posibilidad de adquirir una residencia mediante el sistema de préstamos hipotecarios.
Este concede a cada comprador un interés preferencial de hasta cuatro puntos de los intereses bancarios, lo cual disminuye básicamente la mensualidad a pagar por cada comprador, y a la vez facilita que con determinados ingresos una persona pueda aspirar a una mejor vivienda.
Esta ley está vigente desde 1985, ha sido en gran medida responsable de la construcción de múltiples proyectos habitacionales y las facilidades de que muchos panameños hayan adquirido una vivienda propia.
Recientemente, al promulgarse la ley de la universalización de los incentivos, el gobierno nacional redujo los tramos de interés preferencial, manteniendo para las viviendas de interés social un interés de hasta 5 puntos y cada una de las siguientes categorías hasta B/.62,500 balboas hasta 2 puntos en determinados rangos.
El 19 de mayo del presente año se vence el plazo de cinco años de vigencia de la ley de intereses preferenciales. La Cámara Panameña de la Construcción, la banca hipotecaria, los promotores, al igual que el Ministerio de Vivienda han estado adelantando gestiones para que el gobierno nacional a través de la legislación correspondiente promulgue la prórroga de esta norma, según Rodríguez.
También señaló que dentro de las políticas económicas que impulsa este gobierno, está la reducción de subsidios a determinados sectores de la producción, sin embargo, en el caso de viviendas ha sido diferente. "En este sector, el gobierno ha promovido políticas de desarrollo que evidencian tendencia a subsidios", destacó.
Para Rodríguez, en un país con un déficit habitacional de 220 mil unidades de viviendas, vale la pena cualquier sacrificio fiscal que permita a la mayoría de los panameños contar con una vivienda propia.
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