Panamá podría revertir los efectos negativos de las listas negras para con aquellos países que han mostrado interés en participar de los trabajos de ampliación del Canal de Panamá.
Para ello tendría que aplicar la ley de retorsión aprobada a finales del 2002, que le permite incluir en una lista a los países que la discriminan.
Según lo establecido en dicha ley, será el Presidente de la República y el Consejo de Gabinete quienes decidirán si se aplican o no las medidas de retorsión.
Países como España, México, Brasil, Argentina, Perú, Venezuela y Ecuador tienen al país en sus listas negras.
Para el abogado Eduardo Morgan Jr., si Panamá no cuenta con instrumentos para negociar, resulta difícil que la contraparte saque al país de la lista.
Desafortunadamente, señaló que se desaprovechó la ampliación del Canal para negarle participación en la obra a empresas españolas, mexicanas, brasileñas y argentinas, y así tener el instrumento de presión que da la ley panameña para negociar la salida de las listas negras.
El gobierno ha hecho gestiones que no han arrojado resultados positivos, agregó.
Desde su perspectiva, la aplicación de la ley no afectaría la seguridad jurídica del país, ya que la misma se convierte en una defensa real.
Por su parte, Marco Ameglio, gestor de esta ley, manifestó que la misma es una figura legal y aceptada por la Organización Mundial de Comercio. Lamentablemente, dijo que la ley "se ignora abiertamente".
Argumentó que los problemas del país son por falta de decisión.
Para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Gabriel Diez, Panamá puede aplicar medidas en las mismas condiciones en las que algunos países se las han aplicado.
