Panamá debe actualizar su marco jurídico en materia de la quiebra porque el actual Código de Comercio, que data de principios del siglo pasado, se ha quedado desfasado en medio de los procesos de globalización del mundo.
Alberto Diamond, socio de KPMG firma internacional de auditores y consultores, sugirió que esta ley es necesaria porque Panamá vive más intensamente los procesos de globalización y se han introducido más fuerte los conceptos de una economía de mercado.
Indicó que Panamá tiene una economía de mercado, pero "llena de defectos" con una ley hecha para acabar con la empresa en problemas. "Hoy lo que se busca es salvar a la empresa para mantener la actividad económica, salvando empleos, y beneficiando al país en términos generales", señaló.
Incluso, países como España se encuentran en un proceso de actualización de estas leyes, pero Panamá, todavía, no está en esa dirección.
Consideró que el anteproyecto de ley de quiebra debe plasmar, entre otros aspectos, el concordato de la reestructuración de la empresa para darle una oportunidad de restablecerse y seguir adelante.
Incluir el marco jurídico a la relación deudor-acreedor desde la primera etapa, cuando se da el otorgamiento al crédito, durante la administración de ese crédito hasta la última etapa del pago de la terminación por motivo de quiebra.
En su participación en el foro: "Reorganización y quiebra, un problema que atañe a todos" organizado por ANCHAM, Diamond dijo que con la apertura de mercados crece la necesidad de regular el marco jurídico panameño sobre este tema porque la actividad económica se incrementa no solo en el país, sino en las relaciones entre empresas que están actuando en diferentes países.
Dado estos procesos también habrá que legislar sobre la posibilidad que el deudor y acreedor residan en países diferentes. La Cámara de Comercio e Industrias de Panamá presentará, en el próximo período legislativo, un anteproyecto de ley que establece un mecanismo de reestructuración financiera para las empresas con dificultades económicas, e impide que las instituciones crediticias interpongan unilateralmente una demanda de quiebra.
El anteproyecto de ley está diseñado para realizar de manera ordenada una reestructuración que permitirá ayudar a aquellas empresas que se pueden salvar, con la participación de las entidades crediticias.
Además, busca salvaguardar los recursos del empresario que está reestructurando para que no hayan riesgos de acciones unilaterales que puedan destruir un proceso de reestructuración ordenada.
