Líneas Aéreas exigen rebaja de tarifas en Costa Rica

Las líneas áreas que utilizan el aeropuerto internacional Juan Satamaría, el más importante de Costa Rica, exigieron una reducción de tarifas y el reintegro de unos 5 millones de dólares que han pagado de más a la empresa Alterra Partners, operadora de la terminal.
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) apoyó su petición en un informe de la Contraloría General de la República, el cual señala que, en los últimos diez meses, los usuarios del aeropuerto han estado pagando tarifas más altas.
Al mismo tiempo, una comisión del Congreso iniciará este martes una investigación sobre negociaciones entre Alterra y funcionarios del gobierno anterior, del ex presidente Miguel Angel Rodríguez (1998-2002), que reconocieron a la empresa gastos por 21.6 millones de dólares no contemplados en el contrato.
Parte de estos gastos (5.9 millones de dólares) fueron cargados a las tarifas de uso de la terminal aérea, lo que elevó su monto ilegalmente, de acuerdo con el ente contralor del Estado.
El gobierno de Costa Rica concedió la administración del Juan Santamaría a Alterra Parterns a partir de mayo de 2002 y por un plazo de 20 años, mediante un contrato que contempla el deber de la operadora privada de modernizar las instalaciones.
Sin embargo, en agosto del año pasado, varios diputados denunciaron que el gobierno de Rodríguez había permitido a la empresa posponer el pago de las utilidades correspondientes al gobierno hasta por un monto de 12.4 millones de dólares. Posteriormente, el gobierno del presidente Abel Pacheco multó a la compañía por incumplir los plazos en la construcción de las obras de modernización.
Las irregularidades habían sido denunciadas por la ex inspectora general del aeropuerto, la estadounidense Jill Jamieson, quien aconsejó al gobierno de Rodríguez no conceder a Alterna Partners el reconocimiento de gastos no contemplados en el contrato. Jamieson renunció al cargo en enero de 2002, alegando que era objeto de fuertes presiones tanto de parte de la empresa como de funcionarios del gobierno.
"Yo sabía que esto iba a pasar. Yo quería alejarme antes de involucrarme en una decisión de ese tipo. No había espacio para opiniones técnicas. El gobierno presionaba, Alterrra presionaba. Yo estaba impotente para proteger los intereses públicos", dijo la ex funcionaria en declaraciones que publicó ayer el local diario La Nación.