La metodología de cálculo en los reclamos presentados por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) podría “inflar artificialmente” los costos de la obra, afirmó la Junta de Resolución de Conflictos (JRC o DAB, por sus siglas en inglés).
En un comunicado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aseguró que el planteamiento de la DAB se dio en distintas ocasiones a lo largo del fallo.
Según la entidad, esto coincide con la preocupación que mantiene sobre la inconsistencia y falta de sustento que asegura han caracterizado los reclamos presentados por GUPC.
Esto, luego de que el organismo fallara a favor del contratista y considerara por parte de la ACP el pago de 17 millones 479 mil 145 dólares en reclamos por sobrecostos.
No obstante, la medida que para el contratista demuestra “cómo la falta de toma de decisión de la ACP los afecta económicamente”, para la entidad representa “la pretensión de obtener de forma ilegítima hasta el triple del dinero de los panameños”.
La ACP también recordó que de los cinco fallos del DAB a GUPC, de la suma reclamada por el consorcio por unos 803 millones 77 mil 753 dólares, se le han otorgado únicamente 283 millones 307 mil 442, es decir, unos 600 millones de dólares menos.
Al respecto, la ACP ha manifestado que se mantendrá firme en sus procesos de verificar las sumas reclamadas, aun cuando exista mérito en los casos.
No obstante, en medio de las disputas entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el contratista encargado de la ampliación de la vía, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció el mes de mayo 2016 como fecha de inauguración de la obra.
Esto, a pesar de que el propio administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, no ha especificado con exactitud el inicio de operación de la obra.
“Alrededor de mayo de 2016, nuestro país volverá a ser sede de un gran acontecimiento internacional cuando inauguremos la ampliación del Canal”, dijo Varela durante su informe a la nación al cumplirse 18 meses de gestión del Gobierno.
Agregó que al evento asistirá un número importante de jefes de Estado y delegaciones oficiales para presenciar este evento histórico.
El presidente también pidió a los contratistas del proyecto de ampliación dialogar con la ACP, de manera que se permita concluir las obras.
Igualmente, instó a ambas partes a dejar los reclamos legales en manos de las instancias competentes.
Varela advirtió que las diferencias mediáticas no contribuyen a la imagen ni del contratista ni de la Autoridad del Canal ni de la República de Panamá.
Para el excanciller de la República de Panamá y primer presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Eduardo Ritter, el presidente no puede convocar a un diálogo como si fuera un “diálogo entre dos iguales”.
Ritter sostiene que el presidente de la República tenía que darle un respaldo “incondicional” a la ACP y exigir al GUPC cumplir con el contrato.
En tanto, para el diputado y presidente de la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea, José Antonio Domínguez, la finalización del proyecto de ampliación del Canal de Panamá es inminente.
A juicio de Domínguez, “la peor decisión de GUPC sería no terminar la obra porque les caería la fianza de cumplimiento y muchas otras cosas, lo que le causará un daño a su imagen a nivel internacional”.
Destacó que ellos (GUPC) como empresa internacional deben buscar la manera de terminar la obra en tiempo y no pueden darse el lujo de irse a huelga, ya que la ACP tomará acciones en el instante en que dejen de operar.
