Los morosos de la energía en la mira de las eléctricas

Las empresas de distribución no tienen facultad coactiva para cobrar las planillas atrasadas. Tampoco existe una guía de los abonados morosos. A fines de este mes recién el Fondo de Solidaridad (FS) tendrá los resultados que determinen cuáles son las distribuidoras con una cartera vencida elevada e identifique, con nombres y apellidos, a los atrasados en el pago del servicio.
Hay firmas que tienen planillas vencidas desde hace cuatro años, explicó, Alejandro Rivadeneira, gerente del FS, y hay distribuidoras que mantienen el servicio a esos usuarios, como es el caso de Emelgur, Milagro, El Oro, Manabí y Esmeraldas. Por ello Rivadeneira decidió que este tema "debe solucionarse en el corto plazo".
Por eso, el FS dispuso a las distribuidoras que realicen los cortes de energía de manera inmediata para los morosos, "sin importar quién sea", dijo Rivadeneira, y pese a los inconvenientes que deban enfrentar las administraciones.
Sin embargo, el camino no será fácil. A la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec) que adoptó la política de corte de energía, le suman las quejas y citaciones de laDefensoría del Pueblo del Guayas. Entre enero y abril de este año, Emelec, realizó 250, 000 cortes de luz y el número de citaciones de la Defensoría ya se acerca a esa cifra. La mayoría de éstas, obtenían la electricidad por contrabando. Al ser identificadas e incluidas en la facturación, sus planillas registraron saldos altos por pagar.
La distribuidora tiene la opción de iniciar un juicio civil contra el usuario, pero le demandará de mucho tiempo y de recursos. Rivadeneira explica que hay empresas que arrastran juicios de tres y hasta cinco años sin resultados, con un agravante, el costo del juicio equipara y hasta supera el monto a recuperar en planillas.
Por esa razón, el FS piensa en una reforma a la Ley en la que se tipifique como delito el no pago de la energía "porque es un robo el no cancelar al igual que el contrabando". No existe un estimado para determinar cuánto pierden las empresas, pero según técnicos pudiera llegar a 300 millones. El FS considera que los consumidores de estratos alto y medio y las entidades públicas registran los mayores porcentajes de incumplimiento.