El Sindicato de la Industria Portuaria de El Salvador (SIEPES) denunció ayer "una serie de irregularidades" supuestamente cometidas por el Gobierno para demostrar que el Puerto de Acajutla, situado en el este del país, no es rentable ni competitivo y justificar su privatización. En un comunicado de prensa, el SIEPES dice que las autoridades de la estatal Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) se niegan a ratificar el contrato colectivo, en vigor desde 1997, así como "ajustarlo a las actuales demandas que el puerto necesita para modernizarse".
Los trabajadores aseguran que las autoridades de CEPA les han planteado una serie de reformas al contrato colectivo que "atropellan nuestros derechos laborales y sociales que hemos conquistado por más de cuarenta años". Entre los últimos mencionan el régimen de protección a los trabajadores contenido en la Constitución y normas del contrato colectivo, derechos a porcentajes salariales por peligrosidad e insalubridad en las condiciones de trabajo, un sistema de cálculo por vejez o retiro voluntario.
Además, la posibilidad de negociar un porcentaje de salario con barcos que atracan en el puerto y que transportan productos químicos en sacos. "Estos y otros derechos CEPA los quiere abolir presionando el conflicto hasta llevarlo a un laudo arbitral" (una resolución por votación en una comisión integrada por los distintos sectores involucrados en el conflicto), que es estudiada desde el pasado 24 de julio y cuyo proceso el sindicato considera "amañado".
SIEPES asegura que el Puerto de Acajutla "es una empresa rentable que no debe ser privatizada, entregándola a un pequeño sector como sucedió con las telecomunicaciones, el sector energético y el fondo de pensiones". Agrega que con la privatización del puerto se dañará a más de las 800 familias de los trabajadores, ya que contemplarían despidos.
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