El Gobierno costarricense mantiene el control de los puertos del Caribe, pero la mayoría de sus trabajadores continuaba ayer la huelga que se inició el pasado martes como protesta por la futura construcción de un puerto dado en concesión a una empresa extranjera.
La defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaun, informó que inició ayer una labor de mediación para tratar de acercar posiciones entre el Gobierno y el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración y Desarrollo Portuario de la Vertiente Atlántica.
La huelga estalló el martes, pero, al día siguiente, el Gobierno tomó el control de los puertos con la Fuerza Pública y mediante la contratación de personal externo, entre ellos, operadores panameños, por lo que los muelles operan con normalidad.
El presidente de la Junta Administradora y Desarrollo Portuario de la Vertiente Atlántica, Allan Hidalgo, dijo a los periodistas que por el movimiento se dejaron de percibir cerca de 500 mil dólares, sin embargo, las cúpulas empresariales calcularon sus pérdidas en al menos tres millones de dólares.
Por su parte, la Fuerza Pública mantiene cerca de 500 policías en la provincia de Limón (Caribe), donde se ubican los puertos, ya que en las últimas noches se han registrado hechos violentos y bloqueos en las carreteras de algunas comunidades.
Las autoridades no relacionan de manera oficial estos incidentes con la huelga, mientras el sindicato asegura que no tiene nada que ver con ello, pues su movimiento es pacífico. Los puertos de Moín y Limón, por donde transita el 80% del comercio internacional del país, han sido duramente criticados en los últimos años por el sector exportador.
Concesiones otorgadas
- El Gobierno otorgó, en agosto pasado, en concesión a la empresa holandesa APM Terminals la construcción de un nuevo puerto cerca de los actuales muelles, a lo que los trabajadores de Japdeva se oponen por temor a que tengan beneficios.
