Más de 800 jóvenes de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, con conocimientos técnicos en construcción, participarán en un programa dirigido a apoyar la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz.
La iniciativa busca incorporar mano de obra local a los trabajos de reconstrucción y, al mismo tiempo, generar oportunidades de empleo para jóvenes de las comunidades afectadas.
Muñoz explicó que el proyecto tiene un enfoque social, debido a que permitirá a los participantes contribuir a la recuperación de sus propias comunidades y ayudar a sus familiares.
“Es un proyecto con mucho impacto netamente social y dirigido a que estos jóvenes construyan los hogares de sus abuelos, de sus tíos y que reconstruyan la tierra, su tierra, su comunidad, pero que a la vez puedan ayudar a sus familias”, manifestó en Telemetro Reporta.
La ministra indicó que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) proporciona al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) información sobre trabajadores de las áreas afectadas que cuentan con conocimientos técnicos en albañilería, plomería, instalación de techos y otras labores de construcción.
El objetivo es que las empresas encargadas de reconstruir las viviendas consideren y contraten a trabajadores de las propias comunidades, aprovechando sus conocimientos y la cercanía con los lugares donde se desarrollan las obras.
Muñoz detalló que el programa comenzó el martes y que ya se realizó la coordinación con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).
Después de las fiestas patrias, se prevé iniciar la incorporación de los jóvenes a las empresas contratadas por el Miviot para ejecutar los trabajos de reconstrucción.
La intermediación laboral se realizará con los jóvenes del Inadeh que hayan recibido formación técnica, quienes serán vinculados con las compañías responsables de construir las viviendas.
Según la ministra, los contratos tendrán una duración de tres meses. El Estado asumirá una parte del pago salarial, mientras que la empresa contratante cubrirá el resto hasta completar el salario convencional correspondiente.
Actualmente, cuatro empresas se encuentran construyendo viviendas, mientras que otras 25 compañías o más están en proceso de revisión para su contratación.
