La vivienda es una necesidad básica humana que el Estado, por convención de la civilización, se ha comprometido en todas las latitudes del mundo a satisfacer.
En Panamá se calcula que existe un déficit de vivienda de alrededor de 150,000 unidades, de las que el actual gobierno busca reducir varios miles de soluciones mediante el programa de subsidios de $5,000 dólares para aquellos trabajadores cuyo ingreso familiar no sea superior a los $800 dólares mensuales.
Este programa, según el ministro de Vivienda, Carlos Duboy, ya ha inscrito 500 beneficiarios, quienes están esperando que se completen los trámites para ver hecho realidad su sueño de casa propia.
En cambio, las grandes construcciones han quedado en segundo plano por no encontrarse en muchos casos demanda o financiación a costos razonables, producto de la crisis económica mundial, provocando una contracción en la oferta laboral del sector, que el Estado busca paliar impulsando megaproyectos de infraestructura como el Metro en la capital y la ampliación y reparación de carreteras en todo el país.
Resulta satisfactorio que se mantenga una actividad que genera más de 100,000 empleos, pero, en contraste, preocupa que los costes de las viviendas no reflejen las variaciones a la baja en los precios de muchos de los insumos por diversas excusas o razones, mismas razones que se usan para explicar que no se mejoren los niveles salariales de las clases trabajadoras, precisamente los clientes futuros.
