Las víctimas panameñas del veneno dietilenglicol han sido un factor importante en los cambios que el Gobierno de los Estados Unidos procura hoy en materia de control de importaciones y que por mucho tiempo derogó o rechazó.
Pretende, por ejemplo, establecer presencia física (agentes controladores) en puertos extranjeros clave, con autoridad para detener importaciones a los Estados Unidos desde esas posiciones foráneas mediante su decomiso o bloqueo.
Asimismo, aumentaría hasta $10 millones el monto de las multas que ahora no pasan de $1 millón 800 mil-- por importar bienes o materias letales o peligrosas y alimentos contaminados.
Está dispuesto también a convertir la seguridad y confiabilidad de los productos comercializados en un principio importante de sus relaciones diplomáticas y, para ello, aumentar el perfil de estos objetivos a efectos de la ayuda externa.
Los anteriores sorpresivos y agresivos pasos, como han sido calificados-- conforman la propuesta que la administración del presidente George W. Bush presentó la semana anterior y con la cual pretende dar autoridad suprema al gobierno federal sobre la seguridad de las importaciones, en especial medicamentos y alimentos.
Específicamente, la propuesta fue preparada por un grupo de representantes de agencias y entidades federales que convocó Bush tras descubrirse el envenenamiento de los panameños.
Pero la cadena de decisiones, que se coronan con la entrega del proyecto (Action Plan for Import Safety. A road map for continual improvement.) ha provocado un debate de fondo.
La discrepancia surge porque días antes la directora de la Comisión de Seguridad en los Productos para el Consumidor, Nancy A. Nord, había pedido a los congresistas cuya mayoría es del partido Demócrata-- no aprobar un paquete de leyes que pretende dar más autoridad a la Comisión, doblaría su presupuesto y drásticamente aumentaría su personal.
La oposición de la señora Nord a la nueva legislación es consistente con la política de desregulación que su gobierno ha mantenido durante los últimos siete años.
Y es que el presidente Bush y sus administradores prometieron desde la campaña electoral-- facilitar (podría leerse desmantelar) todo el sistema reglamentario que a su criterio era costoso e innecesario para los empresarios y el país.
El nuevo plan del gobierno estadounidense, en forma de 14 recomendaciones generales y 50 pasos específicos de acción, se suma a recientes normas de protección de alimentos y materias primas para fármacos que deberá aplicar la Administración para los Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés ).
También, se agrega al referido acuerdo que la Comisión de Seguridad en los Productos para el Consumidor suscribió, en setiembre, con China y que está focalizado en la seguridad de los juguetes, juegos de pólvora, encendedores de cigarrillos y muchos otros productos.
Diversos sectores, sin embargo, opinan que el plan falla por no ser específico y en no proponer la asignación de mayores recursos para poder cumplir con las normas y objetivos que menciona.
- Crear nuevos y fortalecer los actuales estándares de seguridad y confiabilidad de las importaciones
- Verificar su seguridad y confiabilidad, y requerir la certificación de una tercera parte.
- Aumentar las penas y tomar acciones fuertes en cumplimiento de las normas y requisitos.
- Convertir la seguridad y confiabilidad de los productos importados en un principio importante de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con otros países y aumentar el perfil de estos objetivos en la ayuda externa.
- Crear una red de información interactiva de seguridad y confiabilidad de las importaciones
- Expandir la capacidad de los laboratorios y desarrollar métodos rápidos de prueba o descubrimiento de peligros.
- Maximizar la efectividad en el retiro de productos del mercado.
- Expandir el uso de tecnología electrónica para el seguimiento y vigilancia de las importaciones.
