Medida de salvaguardia continúa en la balanza

PRODUCTOS Alimenticios Pascual y Celloprint tienen tres días hábiles para presentar sus alegatos, a fin de que el Gobierno aplique o no una salvaguardia sobre el plástico para envolver galletas y caramelos.
La decisión fue adoptada en una audiencia celebrada ayer a puertas cerradas, a donde asistieron representantes de ambas empresas.
Para respaldar a Pascual, estuvieron presentes representantes de la peruana Empaques Múltiples S.A. (EMUSA), y de las colombianas Minipack y de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos), al igual que diplomáticos de ambos países.
Se explicó que luego de los tres días hábiles, el Ministerio de Comercio e Industrias decidirá sobre la aplicación o no de la medida definitiva, previa determinación del Consejo de Gabinete.
La decisión se basará en la evaluación de las pruebas aportadas en el curso de la investigación, así como en los alegatos de hecho y derecho aportados que reposen en el expediente.
Esta es la primera salvaguardia que presenta Panamá ante la Organización Mundial de Comercio (ver recuadro).
El conficto surgió cuando Productos Alimenticios Pascual S.A., se quejó de una medida de salvaguardia solicitada por Celloprint S.A., que busca aplicar sobretasas arancelarias de 59, 9% y 79% a la importación del plástico.
Un informe oficial indica que la medida fue solicitada el 11 de agosto de 2006 "por un sector representativo de la industria nacional del plástico".
Este sector alega que tiene pérdidas millonarias, que no han especificado, debido a la importación que desde junio de 2005 viene haciendo Productos Alimenticios Pascual S.A., del plástico para envolver galletas y caramelos.
Antes de que empezara la audiencia, la división de los grupos a favor y en contra de la medida de salvaguardia era evidente.
Cada uno analizaba las estrategias a seguir, aunque esto no impidió que José Luis Sosa, dueño de Celloprint S.A., le estrechara la mano a uno de los representantes de las empresas extranjeras, a instancias de la embajadora de Colombia en Panamá, Gina Benedetti.
Durante un receso, Juan G. Sosa, vicepresidente de Celloprint S. A., señaló que como afectados tienen el derecho de proteger la industria y la mano de obra panameña, por al menos 30 días.
En tanto, José Antonio de La Puente, abogado de la empresa peruana EMUSA, dijo que la salvaguardia solicitada es "inconsistente", ya que la empresa solo cuenta con el 16% de la producción local, y no con el 25% exigido.
De La Puente explicó que los números presentados por Celloprint han sido calculados sobre el valor de los precios, los cuales son altos, y no sobre el volumen de venta.
Sosa respondió que la empresa cuenta con el 30% de la producción nacional, es decir, 5% más de lo requerido por la OMC para tal solicitud.
Angela Huzgame, de Acoplásticos, aseguró que la salvaguardia beneficiará a un monopolio.