Tal como se ha venido advirtiendo, Panamá tendrá que enfrentar la posibilidad de ser incluido en la Lista Gris de GAFI en el 2019, de no aprobarse el Proyecto de Ley No. 591, que penaliza la evasión fiscal.

El Ministerio de Economía y Finanzas advirtió hoy que es necesario que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley que eleva la evasión fiscal a delito penal y como precedente de lavado de dinero en Panamá.

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La entidad señala que a fin de evitar que Panamá vuelva a caer en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde hace más de un año se debate sobre la importancia de este proyecto de ley.

Debido a esto, el MEF ha comunicado a la Asamblea Nacional sobre los efectos adversos que sufriría el país al no dar prioridad a la discusión de este proyecto que fue presentado a este órgano en enero del 2018.

La gravedad de que el Proyecto de Ley No. 591 no se apruebe radica en que el país tendrá que enfrentar la real posibilidad de ser incluido en la Lista Gris de GAFI en el 2019.  Esta es la deficiencia que aún permanece sin abordar, indica el informe.

El Proyecto de Ley 591 que modifica el Código Penal aborda tres deficiencias a saber: 1) la recomendación 3 (Delito de Lavado de Activos por fraude fiscal); 2) la recomendación 11 (Mantenimiento de registros); y la 20 (Reportes de Operaciones Sospechosas).

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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizó hace unas semanas, durante su reunión plenaria en Quito, Ecuador, el progreso técnico de Panamá en cerrar brechas para cumplir con las recomendaciones de GAFI, identificadas en el Informe de Evaluación Mutua (IEM), publicado en enero de 2018.

GAFILAT, en este informe, ha concluido de que Panamá viene progresando en relación con el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su IEM. Por ello, se han re-calificado positivamente las recomendaciones 14, 19, 32 y 33.

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Sin embargo, resalta también como deficiencia que los delitos fiscales no están tipificados como determinantes al lavado de activos. Según el análisis del equipo evaluador, esta omisión impacta en uno de los principales riesgos identificados que es la colocación de activos provenientes de ilícitos cometidos en el exterior.