Ni las letras de las canciones parecen estar de lado de los empleados de aquel ministerio en el que desde hace 5 años Dayana Pérez comenzó a trabajar.
Aquel pegajoso tema "quítate tu pa´poneme yo" se ha vuelto una marcha fúnebre que con el paso de los días multiplica la tensión, encrespa los nervios e incrementa el silencio en el departamento que labora.
La llegada de nuevo personal, las llamadas de los nuevos jefes y entregas de cartas con una frase "hemos dejado de prescindir de sus labores para con esta institución" incrementan la angustia hasta desesperarla porque no sabe cuándo llegará su turno y entonces le toque empacar y colocar sus "checheritos".
Miles de funcionarios ven con angustia el reloj de marcar, para ver qué tarjetas ya no están. Es un indicador de cuánta gente está siendo despedida. Pero también miran con curiosidad cuántas tarjetas nuevas son colocadas.
Aunque parece una historia de suspenso, es la actual situación de unos 170,000 funcionarios.
Cada cinco años, la llegada de un nuevo gobierno implica cambios en la planilla estatal, por lo que en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares se implementó la ley de Carrera Administrativa, con el objetivo de proteger a los funcionarios con méritos que deberían permanecer en sus puestos.
Sin embargo, la ley dejó de aplicarse y en esta ocasión la situación parece pintarse peor. No hay la capacidad de seguir pagando 170,000 salarios, por lo que es inminente prescindir de unos 30 ó 40 mil personas para que el aparato gubernamental funcione mejor.
Aunque la noticia se tradujo en el anuncio de despidos masivos, Ubaldino Real, ministro de la Presidencia, señaló que para que el aparato estatal funcione son necesarios 140 mil servidores, por lo que aquel empleado a quien se le compruebe que trabaja y que sus servicios sean necesarios para el funcionamiento del Gobierno, se quedará.
Sin embargo, la interrogante que surge es si se hará una evaluación respetando la Ley de Carrera Administrativa y si se cumplirá con lo pactado en la ley.
Los economistas reconocen que es necesario reducir el gasto en la abultada planilla, pero hacerlo de un solo golpe creará un efecto dominó que terminará afectando la economía. Bancos y financieras están involucrados con el sector público, además de que repercutirá hasta generar mayor pobreza.
Adolfo Quintero, presidente del Colegio de Economistas, indicó que urge revisar las funciones y la efectividad del recurso humano gubernamental, pero considera que debe comenzarse por los "jugosos contratos" de asesores y "botellas".
Ante los señalamientos surge un tema que después de 10 años ha quedado en el aire y que pudiera servir para evaluar al servidor.
Según la Ley de Carrera Administrativa, los servidores públicos tienen derecho a:
Estabilidad en su cargo.
Ascensos y traslados.
Participación en programas de rehabilitación o reeducación en caso de consumo de drogas.
Bonificación por antigüedad.
Optar por licencias con sueldos.
Integración en asociaciones, para la promoción y dignificación del servidor público.
La conocida Ley de Carrera Administrativa o la Ley 9 de 1994 es considerada como una ley romántica que espera a que el príncipe azul aparezca y la despierte porque la pasada administración la dejó sin efecto.
Con la carrera administrativa el Estado garantizaría la selección del trabajador mediante la proporción de personal idóneo; permanencia y estabilidad condicionada a la competencia.
Pero así como establece privilegios para evitar el clientelismo político, aplica sanciones disciplinarias en caso de que el servidor público incurriera en faltas administrativas.
La acreditación y destitución de funcionarios quedaron en el limbo. La Junta de Apelación y Conciliación la Junta Técnica nunca funcionaron.
Esta situación evitó que empleados reciban una indemnización por parte del Estado en concepto de salarios caídos, al ser destituidos a pesar de estar en carrera.
A criterio del legislador perredista y ex dirigente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Ávila, indicó que urge plantear la necesidad que los puestos del sector público vayan a concurso.
Actualmente sólo hay 7,500 servidores en carrera administrativa, de entre 8,500 que durante la gestión Ernesto Pérez Balladares se integraron de 6 ministerios.
Lamentablemente la ley fue suspendida por el gobierno de Mireya Moscoso, mediante la resolución No. 122 del 27 de octubre de 1999.
En este sentido, Ávila presentará ante el pleno legislativo un proyecto de ley que buscará reformar 27 artículos de la ley para hacerla más eficiente.
Entre los cambios se plantearán indemnizaciones.
Las cifras indican que cada cinco años el Estado gasta entre cuatro a cinco millones de dólares en capacitaciones de nuevo personal.
Es un problema de cobertura, según Luis Carlos Castroverde, exdirector de la Carrera Administrativa.
Si bien la ley tiene buenas intenciones, habría que establecer y definir con mayor precisión sus objetivos, porque no es lo mismo un sistema de protección que un sistema de mérito para los servidores públicos.
Cuando se hizo el esfuerzo de la ley nos dimos cuenta que tiene un alcance muy abarcador para la realidad de nuestro país.
El sistema, tal como está diseñado, requiere de una revisión integral para analizar varios aspectos técnicos y de cobertura.
Además habría que establecer un mencanismo que permita que los funcionarios que ingresen al sistema revaliden su capacidad.
También está el problema de la disparidad salarial que requiere un ordenamiento y una revisión integral de la estructura.
