El gobierno mexicano cedió a las presiones de los cañeros y dio marcha atrás en su decisión de vetar una ley sobre el azúcar aprobada en el Congreso por la oposición, y aunque va a negociar algunas modificaciones a la norma, aceptó mantener los aspectos que más preocupaban a las organizaciones campesinas.
"Hemos analizado muy puntualmente los objetivos de la ley de la agroindustria de la caña y hemos encontrado una excelente colaboración del Poder Legislativo que nos ha permitido llegar a determinados acuerdos que sin duda nos permitirán tener una ley que sea más fuerte", anunció el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga.
El anuncio del veto por parte del gobierno a esta ley puso en pie de guerra al sector azucarero, del que viven aproximadamente 2.5 millones de personas en México, séptimo productor mundial del dulce, con una cosecha que ascendió a más de 5.02 millones de toneladas en la última recolección.
Desde el pasado 2 de agosto los cañeros se manifiestan ante las delegaciones de la secretaría de Agricultura en los 17 estados productores de caña, impidiendo el acceso en alguna de ellas.
