"Quince mil toneladas no es problema", sobre todo después de que la Comisión Europea aprobó el certificado que le otorgó el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación del Delfín (APICD) a México, conocido como "Dolphin Safe", dijo en conferencia Blanca Villarelo, representante de la secretaría de Agricultura (Sagarpa) ante la Unión Europea.
El presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Struan Stevenson y Briggite Langenhagen, respectivamente, presentes en la conferencia, confirmaron la cifra.
"Europa sólo es autosuficiente en un 60% en productos pesqueros" cuya demanda se acentuó a raíz de la crisis de la vaca loca, señaló Stevenson.
Por ello "tenemos que buscar nuevos productores que cumplan con las medidas de calidad que reclaman los consumidores europeos", añadió el experto y legislador.
Stevenson, que prepara un diagnóstico sobre la situación de los productos pesqueros en México, aseguró que la calidad del atún amarillo es "satisfactoria", lo que le "permitirá cambiar la visión de nuestros colegas europeos sobre la pesquería mexicana".
En la práctica, denunció el parlamentario europeo, algunos países de la UE han impuesto a México "un embargo informal" manteniendo un "doble juego" que espera se disipe con el reconocimiento del certificado que la APICD otorgó a la captura de delfín en aguas mexicanas y el informe que él mismo entregará al bloque comunitario.
El secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, dijo a su vez que el mercado mexicano captura 130.000 toneladas al año de atún, a un precio de 800 dólares por tonelada que podría aumentar 400 dólares más si la justicia estadounidense levantará el embargo impuesto a México.
A pesar de la apertura casi inminente del mercado europeo a los productos aztecas, "México seguirá peleando contra el embargo atunero de Estados Unidos", impuesto hace 10 años y calificado por el funcionario como "discriminatorio".
En este caso se trata de la copia de la liquidación del impuesto de sucesiones.
Hemos de recordar que el plazo para su presentación varía entre seis meses y un año desde el fallecimiento del difunto, según se trate de territorio común español o de ciertos territorios históricos con leyes diferentes.
La presentación es obligatoria dado que la entidad se convierte en responsable subsidiaria de las obligaciones del contribuyente, en caso de incumplimiento de este último.
Por último vamos a citar varios consejos que nos permitirán evitar, o al menos mitigar, los problemas tanto con nuestra entidad como con el resto de coherederos:
Comunicar el fallecimiento del titular lo más rápido posible, para posibilitar el bloqueo de las cuentas, y que nadie disponga de ellas de forma no autorizada.
Facilitar a la entidad de la forma más rápida posible los documentos arriba citados.
Recordar que con el fallecimiento del titular se extinguen sus poderes y mandatos, y por lo tanto el “autorizado “ carece de poder de disposición.
En nuestro Ordenamiento Jurídico la fórmula para mejorar a uno de los herederos sólo se puede realizar vía testamentaria.
