La falta de seguridad jurídica en el sector minero ha provocado la caída de esta actividad, por lo que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron ayer un acuerdo para reformar el marco legal que rige este sector para atraer a los inversionistas.
El acuerdo incluye una donación de 368,000 dólares por parte del BID, para contratar los servicios de consultoría especializada, que establecerán las bases jurídicas, con la proyección de desarrollar el sector de forma sostenible con el medio ambiente.
El representante del BID en Panamá, John Hasting indicó que la reestructuración de este marco legal busca una efectiva participación económica de las comunidades rurales.
Además se ha tomado en cuenta la competitividad de Panamá frente a otros países mineros de la región y a la vez permitir que el sector se desarrolle de acuerdo a los estándares internacionales relacionados a la calidad ambiental.
Aunque en la actualidad, la minería sólo representa el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), el ministro del MICI, Joaquín Jácome indicó que el país tiene un alto potencial en esta materia al tener el país yacimientos de oro y cobre de clase mundial.
Según información del BID, en 1994 se realizaron estudios que registraron ventas anuales de metales que podrían alcanzar los 250 millones de dólares, generar impuestos por 15 millones de dólares y crear 3,000 empleos directos y 12,00 indirectos.
Jácome señaló que durante el período que se confeccionará el proyecto de ley, se consultará a la empresa privada, los grupos comunitarios, indígenas y organizaciones no gubernamentales.
Hasta la fecha, las comunidades indígenas y las ONGs se han mostrado hostiles a la explotación de yacimientos mineros de oro y cobre, arguyendo que las compañías mineras utilizan sustancias que lesionan el medio ambiente al ser arrojadas a los ríos o al depositar desechos minerales en las proximidades de los centros urbanos.
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