El creciente proceso de apertura comercial que ha caracterizado la globalización ha implicado que la gran mayoría de los países alineen tanto sus políticas comerciales como las instituciones que le dan respaldo al proceso. Una de estas entidades son las aduanas, mediante las cuales se maneja la exportación e importación de bienes de un país.
Precisamente en el marco de Expocomer 2013 celebrado en Panamá, voceros tanto de organizaciones multilaterales como empresariales destacaron la importancia de continuar avanzando en lo que se ha dado en llamar la armonización (unificación) de los códigos arancelarios de la región a efectos de facilitar el intercambio comercial.
En la práctica esto no se traduce en eliminar todas las barreras al comercio. Por el contario, exige una mayor rigurosidad en virtud del mayor volumen de comercio que acarrea la apertura, que a su vez debe compatibilizarse con ciertas restricciones a la importación de productos que pueden representar una amenaza sanitaria a las personas, animales o plantas, o a ciertas industrias específicas.
Ello debe darse con la mayor transparencia y apego a los niveles arancelarios y normas contenidas en los tratados multilaterales del cual Panamá es signatario, como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como otros regionales y bilaterales.
Desafortunadamente, en el pasado los sistemas aduanales en Panamá, y el de otros países por igual, de alguna forma fueron utilizados como subterfugios para restringir la entrada de ciertos productos.
El proceso de apertura que ha emprendido Panamá ha supuesto la necesidad no solo de modificar las políticas comerciales, sino de hacer su sistema aduanal cada vez más transparente y ágil con el fin de reducir los denominados costos de transacción a la importación y exportación de bienes a objeto de aumentar la competitividad del país.
Este balance entre restringir la importación de lo que en propiedad debe ser restringido y facilitar a la vez la entrada de los demás productos exige, por un lado, una creciente tecnificación y capacitación de las aduanas incluyendo tanto sus oficinas ubicadas en el área de la ciudad de Panamá, las de carácter regional, y los diversos puntos de entrada y salida de mercancía (aeropuertos, puertos, fronteras y carreteras).
A pesar de sus avances, persisten quejas respecto al sistema panameño. A modo de ejemplo, los transportistas de Centroamérica denuncian las excesivas demoras en el procesamiento de los permisos para el tránsito de la carga --lo cual incluso ha provocado repetidamente el cierre de la vía fronteriza.
Las autoridades colombianas, por su parte, alegan que han impuesto restricciones a las reexportaciones de la Zona Libre de Colón presumiblemente porque Panamá incurre en subfacturación (práctica que consiste en emitir una factura con precios por debajo del precio real de la mercancía a efectos de evadir el pago de impuestos).
Indistintamente a si tienen asidero o no estas acusaciones, el hecho es que un mayor avance en la tecnificación de los procesos aduanales a través de un sistema confiable de valorización podrían debilitar estas acusaciones amén de contribuir al mejoramiento general del sistema aduanero panameño y consolidar la imagen del país como una nación abierta al comercio mundial. Ello redundaría en beneficio del ambiente de negocio del país y de su competitividad.
