Opinión
- Jayson Pastor, gerente de la Caja de Ahorros, explicó que “la política del banco es no evaluar las referencias de crédito en los servicios públicos”.
- Aunque en ciertos casos en los que el cliente no muestra referencias, se observa el comportamiento de las referencias por servicios, dijo Pastor.
La reforma de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, que tiene como objetivo que los estados de cuentas del pago de los servicios públicos sean reportados a la Asociación Panameña de Crédito (APC) está siendo muy bien acogida por el sector financiero del país.
La APC señaló que lo que entienden de la modificación de dicha ley es que tiene como espíritu, beneficiar al sector de las micro y pequeñas empresas, las cuales suelen tener dificultades para acceder a créditos tanto de empresas financieras como de bancos.
Esto se debe a que estos pequeños empresarios normalmente no cuentan con información reportada.
Ricardo Quijano, ministro de Comercio e Industrias, explicó que una vez aprobada la norma, los usuarios podrán solicitar de forma voluntaria que los estados de cuenta de los servicios públicos que pagan sean registrados en la APC.
En tanto, Luz María Salamina, gerenta de la APC, dijo que con la nueva norma este sector empezaría a tener más posibilidad de obtener créditos en los bancos, pues se facilitaría realizar el análisis de la capacidad de pago que tienen al momento de acceder a un préstamo y hasta podrían recibir mejores términos de los que reciben.
Aseveró que de ser aprobada la modificación se mantendría el requisito actual de aprobación por parte del cliente para el acceso al historial en lo referido a pagos de servicios públicos.
En el caso de los bancos, todo dependerá de la política interna de la entidad, ya que el historial de crédito permite evaluar el riesgo en cuanto al nivel del saldo de la deuda.
