Modificarán ley de contratación

Desde que inició el gobierno de Martín Torrijos se habló de la intención de agilizar los procesos de compras estatales, para evitar cualquier oportunidad de cometer actos de corrupción, así como aminorar lo que tanto molesta de estos procesos: la burocracia.
Al parecer ese momento está cada vez más cerca, pues antes de que finalice el año la Ley 56 de contrataciones públicas será reformada.
Esto fue confirmado a Panamá América por el ministro de Economía y Finanzas Ricaurte Vásquez, quien en una reciente disertación advirtió que esto sería parte de la modernización del sector público, logrando mayor transparencia en cada proceso.
Tanto para el Estado como para el proveedor resulta al final engorroso, los tantos pasos a seguir en un proceso de licitación pública. Por ejemplo, cuando se trata de temas que hay que resolver con prontitud.
Dentro de esta ley se afirma que el pago a los proveedores se da en un término de 90 días.
Pero hay antecedentes de que esto se da en un periodo de tiempo mucho más largo. Aunque el Estado ha cancelado casi 90 millones de dólares que se le debía al sector privado, es urgente que los procesos de adjudicación vayan de la mano con los cambios administrativo de cada entidad estatal.
Lograr un equilibrio entre lo que dicta la ley y su real cumplimiento, lograría que no se perdiera la cantidad de empresas que concursan para ser proveedores del Estado y que por los retrasos año a año deban escudarse bajo su sector gremial, pidiendo el justo pago por sus servicios.
Por su parte, Edilberto Pérez, Director de Contrataciones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que en estos momentos el MEF busca la realización de una consultoría de diagnóstico para conocer de donde proviene la raíz del problema. Esta consultoría podría ser adjudicada en octubre de este año.
Resulta que cada departamento de compras de los ministerios u otras entidades públicas tratan de cumplir con la ley 56, pero realizan paralelamente una serie de procesos que podrían alargar más la adjudicación y la contratación de un servicio.
De esta forma mientras que la Caja de Seguro Social cumple con casi 27 pasos dentro de su flujograma de compras, hay otras instituciones que tienen más de 40. Lo que busca la consultoría o estudio diagnóstico, es encontrar el mecanismo que logre que la ley o sus reformas, vayan de la mano con los procesos administrativos de cada oficina estatal. Es así como esperan evitar las especulaciones sobre donde se da el embudo que retrasa la adjudicación, o el pago de un proveedor.
Hay quienes adjudican este retraso a la Contraloría General de la República, que se encarga de refrendar los contratos de un servicio o compra.
La Solicitud de Precios comprende sumas desde Diez Mil Balboas (B/.10,000.00) hasta Doscientos Cincuenta Mil Balboas (B/.250,000.00), y la Licitación Pública sumas mayores de Doscientos Cincuenta Mil Balboas (B/.250,000.00).
Con la ley, se estableció la figura de los concursos que se refieren a las contrataciones de consultorías, prestación de servicios técnicos, servicios personales de especialistas con independencia del precio oficial. Se creó los departamentos de Fiscalizaciones de Solicitudes de Precios.
(ver infografía en la página C1 del diario impreso)