La morosidad en los canónes de arrendamiento entre contratos de desarrollo para el área turística de Amador, en viviendas, exconcesionarios y agencias estatales, asciende a 11.5 millones de dólares situación que conlleva a aplicar los correctivos correspondientes dijo el administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), Julio Ross Anguizola.
La nota de la ARI explica que el administrador verificará los contratos de arrendamiento e inversión que tienen lugar en las áreas revertidas a fin de disminuir la morosidad y aplicar sistemas de funcionamiento administrativo ágiles y eficientes. Esta es una de las prioridades que deberá atender la institución.
Entre otros temas el administrador y el subadministrador Olmedo Alfaro analizará la venta de terrenos valorados por el orden de los $350 millones que están a la espera de inversión nacional y extranjera.
Según la nota de prensa de la ARI con estas concesiones se permitirán nuevos desarrollos, actividades económicas y generación de empleos.
En esa situación se encuentran también unas 188 viviendas que están a la espera de comprador. Estas viviendas deberán ser ofertadas mediante actos públicos.
La vigencia de la institución que de acuerdo a la Ley debe finalizar su cometido el 31 de diciembre de 2005 y la fuerza laboral con la que Autoridad de la Región Interoceánica debe contar en función de las actividades por realizar un tema polémico será otro de los puntos que deberán ser estudiados por la nueva administración.
Ross y Alfaro fueron seleccionados por el Presidente de la República, Martín Torrijos Espino, de dos ternas presentadas por la Junta Directiva de Autoridad de la Región Interoceánica, luego de realizarse una convocatoria para la apertura del concurso mediante el cual se nombrarían dichos cargos.
Mientras que algunos legisladores pueden haberse sentido acosados por los vendedores de autos, la empresa Ricardo Pérez S.A., considera que esta situación no se ajusta a la realidad.
De acuerdo con Javier Díaz, gerente de Ricardo Pérez S.A., los vendedores tratan a los legisladores como cualquier otro potencial comprador. Pero aceptó que los 72 legisladores son un mercado atractivo.
Durante el seminario de Fundación Pro Fe se colocó un puesto de patrocinio con vendedores y los interesados se acercaban a cotizar sus opciones, agregó. "Si estaban interesados se les recomendaba alguna financiera", indicó.
Una de éstas era Econofinanzas, la cual forma parte del grupo Ricardo Pérez, sin embargo, Díaz aseguró que trabajan con cualquier entidad que escoja el cliente.
Entonces el banco o la financiera será el encargado de realizar el trámite para hacer efectiva la exoneración.
El Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, en su artículo 238, permite a los legisladores introducir al país, libre de impuestos, hasta tres autos durante sus cinco años en ese cargo, y a sus suplentes importar dos vehículos en las mismas condiciones.
Morosidad de ARI asciende a $11.5 millones
Terrenos y viviendas a la espera de compradores.