Cumplir con los compromisos asumidos es parte de la cultura social de un país que busca la prosperidad.
Así coinciden banqueros, economistas y sociólogos consultados.
Pero esto no es una realidad contundente en el país, donde sólo ante las instituciones del Estado se les debe al menos $2,000 millones, entre empresas y ciudadanos, en cuentas atrasadas, como impuestos, tasas, multas, hipotecas o cuotas.
Sólo a la Caja de Seguro Social se le adeuda cerca de un centenar de millones, al menos en libros, y no se ve como reducir este segmento, a pesar de existir mecanismos coercitivos para aplicarlos.
Casos.
“Lo que pasa es que enfrentamos una contracultura del juegavivo, que premia a los que no cumplen”, sostuvo el dirigente de los consumidores Geovani Fletcher.
“Este es un tema cultural y sociológico, el consumidor toma decisiones sin planificar, sin medir su capacidad de endeudamiento”, acotó.
Cambiarlo, desde su perspectiva, implica una labor desde la infancia y un compromiso “de varias décadas”.
Otro caso.
Sólo a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) los ciudadanos le deben 20.32 millones de dólares, entre 1990 y 2009, más 118,232 dólares en morosidad correspondiente al año 2009 porque lo anterior fue borrado para facilitar la cancelación de las boletas.
Pero este puede ser el caso típico de manejo “politiquero” de parte del gobierno de turno porque “el costo político es alto”, de acuerdo con el análisis de Fletcher.
Según él, si un gobierno comienza a ser disciplinado con el cobro de estos compromisos, por la contracultura existente, “cae mal y los votantes se lo cobran en las siguientes elecciones”.
DGI.
En el caso de la Dirección General de Ingresos, que afronta una morosidad en el pago de tributos en julio pasado superior a los $1,200 millones, se dispuso una ley de moratoria que entre este año y 2010 le permitirán al Estado recuperar no más de $200 millones,
“Esto hay que verlo caso por caso, la verdad”, consideró el empresario John Bennett.
Argumentó que, en muchos casos, los listados de morosos “no se depuran” reflejando cifras que en gran parte” deberían ser “tirados a cuentas malas”.
Eso también pasa con las cifras del Seguro Social, acotó, pero en el fondo los que sí le deben al Estado son empresas que tienen mal su economía, que son una minoria.
Además, el no cobrar como debe ser es parte “de la falta de un manejo científico del sistema de recaudación por parte del Estado”, indicó.
A ello se suma el hecho que “se cambian las reglas del juego y se crea confusión”, apuntó Bennett.
