Mientras que millones de personas de todo el mundo conmemoraron ayer el día internacional de la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), esta enfermedad sigue cobrando víctimas en Panamá y afectando la productividad en el país.
Unas 42 millones de personas alrededor del mundo están infectadas con el VIH. De esta cifra unos 26 millones son trabajadores entre las edades de 15 a 49 años.
Panamá figura como uno de los cuatro países centroamericanos con mayor índice de contagio de la mortal enfermedad, lo que hace la situación más preocupante.
Según las estadísticas, en el país se ha dado un incremento acelerado de la enfermedad de más 5,638 casos reportados. De éstos, más de 4,363 son hombres y más de 1,400 son mujeres.
No obstante, se estima que hay de 22,000 a 32,000 portadores de la enfermedad, de los cuales un 90% no sabe que la padece. Jaime Moreno, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, manifestó que estos índices son alarmantes, tomando en consideración, que la mayoría de la población infectada esta en su plena edad productiva (15-39 años).
Ello representa un riesgo, porque si no se tienen lo controles necesarios, dentro de 20 años, se tendrá a una población enferma. Moreno manifestó que por ser los enfermos de SIDA discriminados socialmente, casi no reciben denuncias de abusos laborales o prácticas discriminatorias.
Aunque reconoce que exigirle a un trabajador la prueba de SIDA antes de contratarlo, es una medida de discriminación, comprende que el empleador necesita contar con trabajadores sanos para mantener la productividad de sus empresas.
En tanto, Gabriel Garrido, director de Instituto de Estudios Sociales de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) mostró su preocupación por el aumento en el porcentaje de esta epidemia en el país.
"Se trata de una población joven. Panamá está descuidando esta epidemia, sobre todo, cuando podría tener una población productiva a corto plazo totalmente enferma del SIDA", sostuvo.
Una vez detectada la enfermedad, las consecuencias son variadas para el desarrollo de los procesos productivos de una empresa. Entre ellas se puede mencionar primero, la reducción de empleados en la empresa pues su calidad de vida desmejora y muere.
Además, el empleado enfermo tienen que ausentarse periódicamente de su centro de trabajo para su debido tratamiento. Esto trae también consecuencias en la parte laboral porque si el compañero infectado hace un tipo de trabajo que requiere desgaste físico, ya no podrán ejercerlo por recomendaciones médicas, recargándose las labores en otros.
Ello implicará costos para la empresa porque el trabajador no podrá ejercer la misma actividad, pero se le tendrá que pagar el mismo salario como si ejerciera su labor.
Por otro lado, están los costos que representa para el Estado un enfermo de SIDA. Solamente en tratamiento y medicamentos una persona le representa entre 4,000 a 5,000 dólares anuales.
Hoy, más de 1,400 personas reciben el tratamiento en el ámbito nacional con un presupuesto de 4.2 millones por parte de la Caja de Seguro Social (CSS) y 3 millones por el Ministerio de Salud.
A partir del 2001 el sector empresarial ha iniciado una serie de programas para capacitar a los trabajadores sobre el tema. Sin embargo, otros han incurrido en errores como no reconocer la convención colectiva el segmento referente a Derechos Humanos de la ley No. 3 del 2000, la cual pide un trato justo y no el despido para las personas infectadas por el virus.
Entre las empresas que más violan esta norma están las del sector comercio e industria de alimentos, de acuerdo con la CGTP. Dentro de las violaciones más frecuentes de esta Ley, están la de no informar al empleado que se le esta aplicando la prueba del VIH, además, se viola la confidencialidad del diagnóstico, pues si el resultado es positivo este no es comunicado por el doctor, sino por el empleador.
El art. 28 de esta ley establece que el trabajador(a) no está obligado a informar a su patrón ni a sus compañeros de trabajo acerca de su estado de infección con el virus de inmunodeficiencia. Cuando sea necesario comunicarlo el trabajador podrá informarlo a su patrono, quién deberá guardar confidencialidad del caso, y procurar, si fuera necesario cambiar las condiciones de trabajo.
Genaro Marino, del Consejo Empresarial para la Prevención del SIDA, capítulo del CoNEP, reconoció que algunas empresas exigen la prueba al empleado para poder aplicar a un trabajo, cuestión que es ilegal.
Advirtió que la gran mayoría que incurre en este error lo hace por desconocimiento de la Ley No.3 del 2000 y más aún porque a ésta no se le ha dado mucha divulgación.
El estigma social al VIH/SIDA ha logrado a través del temor mantener el silencio. Sin embargo, ese silencio está cobrando grandes pérdidas a las economías del mundo.
