La proporción de mujeres trabajadoras que están en la informalidad es mayor a la de los hombres, lo que agrega una asimetría adicional a las condiciones de género.
Ante el retroceso de la función social del Estado y la extensión de la informalidad, el déficit del trabajo decente se ha expresado en una menor protección ante el retiro, la vejez, la incapacidad y el desempleo femenino.
Este déficit es más pronunciado en la población femenina que se encuentra en grupos sociales vulnerables (rurales, informales y en situación de pobreza), por lo que se agudiza aún más la inequidad.
