El ciclo de negociaciones de comercio lanzado en Doha en noviembre de 2001 y no sin excesivo optimismo bautizado como "la ronda del desarrollo" por el crecimiento económico que se prometía iba a traer a los países pobres se encuentra actualmente estancado en Ginebra.
Hoy los ahora 145 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) debían haber llegado a un acuerdo de principio sobre fórmulas para la liberalización agrícola en los tres capítulos en los que se negocia: acceso a mercados (eliminación progresiva de aranceles), ayudas internas a la agricultura y competencia en las exportaciones (subsidios, créditos y otras formas de ayuda).
Los países en desarrollo no ocultan hoy su amargura por las concesiones que sin contrapartidas se vieron obligados a hacer en la ronda Uruguay y, mejor organizados ahora, no están dispuestos a dejarse meter otro gol. Hasta ahora no se ha cumplido uno solo de los plazos que fijaron entonces los ministros reunidos en la capital qatarí: ni el relativo al acceso de los países pobres a medicamentos baratos para atajar sus desafíos de salud pública, ni el trato especial y diferenciado que reclama el mundo en desarrollo, ni el referente a la implementación de los compromisos pendientes de la ronda Uruguay.
Y sobre todo han encallado las negociaciones de agricultura, asunto central de esta ronda, pues sólo las seguridades dadas en Doha de que se iba a producir una importante liberalización de ese sector clave para los países en desarrollo, aceptaron éstos la ampliación de la agenda negociadora, que abarca desde los servicios o los derechos de propiedad intelectual hasta las inversiones o las reglas antidumping.
Los gobiernos de los países industrializados, aún cuando son conscientes de la necesidad de una reforma en profundidad del sector agrícola, se enfrentan, sin embargo, a poderosos lobbies, por un lado, pero han de atender también la legítima inquietud de los pequeños y medianos agricultores sobre el futuro del mundo rural.
Hay preocupaciones que estos últimos, ya sean europeos, coreanos o japoneses, comparten con muchos países en vías de desarrollo, que temen verse arrollados por agriculturas mucho más competitivas. En Ginebra, los distintos grupos de países que negocian la liberalización agrícola se han enrocado en sus respectivas posiciones y el documento de trabajo presentado por el presidente del grupo, Stuart Harbinson, no ha reunido el suficiente consenso como base de negociación en vista de las profundas divergencias existentes.
El grupo de Cairns -grandes exportadores agrícolas como Australia, Canadá, Brasil, Argentina, Uruguay y otros- exige el rápido fin de los subsidios a las exportaciones, algo que ni la Unión Europea, ni Suiza, ni Noruega, pero tampoco Japón o Corea están dispuestos a aceptar.
