El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, José Guanti, enfatizó ayer que ni él, ni los otros dos comisionados de la institución, Nilson Espino y Rafael Moscote, permitirán que nadie los "jamaquee" para obligarlos a realizar una determinada acción que no este contemplada dentro de la Ley.
Destacó que "sacar a Guanti, Espino y Moscote no solucionará por arte de magia los problemas que existen en los servicios públicos, ya que los que nos reemplacen deberán cumplir las reglas y si no lo hacen los tendrán que destituir, porque entonces si estarían violando la Ley".
Enfatizó que "si a nosotros nos van a botar por cumplir la Ley, entonces que Dios nos bendiga, pero lo que si le aseguro a la población es que nadie nos va a botar por incumplir la Ley".
Explicó que el Ente Regulador cuenta con muchas herramientas legales (incluyendo la Corte Suprema de Justicia), para lograr que la balanza entre los usuarios y las empresas se mantengan en una posición balanceada.
Recalcó que el Ente Regulador debe ser el equilibrio de la relación entre las compañías que prestan un servicio público y sus clientes, por lo que su función es verificar que todas los procesos se desarrollen de acuerdo a la Ley y esta función no puede realizarse en función de las decisiones del gobierno de turno.
Según Guanti, para ser una entidad imparcial, el Ente Regulador tiene que defender a la parte que tenga la razón, no importa si son los usuario o la empresa que presta el servicio y si es necesario, la entidad acudirá a la Corte Suprema de Justicia o a la Asamblea Legislativa para emitir su opinión y dar a conocer su punto de vista.
Precisó que cualquier acción que tome un gobierno para tratar de inclinar la balanza, ya sea a favor de las empresa o de los usuarios, introduciendo la política dentro del Ente Regulador, limitará el funcionamiento de la institución, porque para que la misma funcione correctamente es necesario que sea un organismo completamente apolítico.
Manifestó que para mantener este equilibrio, el Ente Regulador debe frenar a cualquier político que intente infiltrarse en la entidad, ya que esto dañaría todos los aspectos referentes a la regulación de los servicios públicos.
Indicó, además, que para poder ser objetiva en sus funciones, la entidad, además de apolítica, debe contar con personal capacitado y con una completa autonomía financiera y administrativa, sobre todo porque las empresas que prestan los servicios públicos son consorcios multinacionales, que tienen una gran capacidad económica.
No obstante, precisó que, a pesar de que en estos momentos la institución se ha mantenido alejada de la política, cuenta con personal capacitado y con recursos económicos, "cojea" en todo lo referente a su autonomía administrativa.
Manifestó que este aspecto es fundamental, "dado que no es posible que la entidad tenga que llenar 25 mil requisitos para poder hacer algo que exige la burocracia típica del Gobierno, cuando la compañía regulada no tiene que cumplir con ninguna norma.
De acuerdo a Guanti, el Ente Regulador tiene que hacer cumplir la ley y proteger a cualquiera de las partes que tenga la razón y si una persona u entidad trata de inclinar esta balanza actuaría de forma incorrecta.
"Nosotros no podemos permitir que alguien empiece a juzgar dónde debe estar la balanza entre clientes y empresas, porque entonces el interés público de que se expandan los servicios y se cumplan las metas de calidad establecidas, simplemente se iría al traste", acotó Guanti.
Sin embrago, señaló que muchas veces esta postura causa conflictos, no sólo con el Ejecutivo, sino con empresas poderosas y grupos de clientes.
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