Pocas veces empresarios, trabajadores, políticos y funcionarios, han discutido abiertamente un proyecto de impuestos. Aunque parezca mentira esto se logró en Panamá, luego de un año de discusiones en el Diálogo Nacional por la Reactivación Económica. El proyecto logró consenso en dos terceras partes, y hubo desacuerdos en el resto. Después de las maratónicas negociaciones, éste es el nuevo y controvertido esquema tributario puesto en el centro del debate nacional.
El Gobierno alienta el propósito de transformar las tres principales áreas que conforman el ordenamiento tributario panameño, mejorar la administración tributaria y simplificar un sistema complicado que ha hecho posible la evasión fiscal.
Se ondea como bandera del proyecto, la exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores cuyo salario mensual no supere los 800 dólares. Esto, según las proyecciones estatales, beneficiará a 193,223 asalariados, que, a partir de la sanción de la ley, recibirán 58 millones de dólares en su ingreso personal y se piensa mejorará su condición de vida y las de sus dependientes.
Con las estadísticas proyectadas por el Gobierno, en 20 años los empleados en este rango salarial recibirán 1,160 millones de dólares. Asimismo se eliminarán gradualmente las deducciones por concepto de incentivos en el ISR, lo que permitirá una reducción también de la tarifa nominal de este impuesto del 30% al 28%.
Los bancos, por su parte, podrían pagar más en este segmento. Las entidades crediticias cargan sus costos sobre los negocios financieros gravados y no sobre los "off shore" ( que son las que más negocio generan). Esto acorta la utilidad de las actividades gravables y por ello pagan menos impuesto. Pero ahora tendrán que llevar un sistema de contabilidad en donde sus costos tienen que ser comprobados.
Este, por ser un tributo a los servicios, susceptible de transferencia al consumidor, es uno de los impuestos que más preocupación ha despertado al proponerse la ampliación de su base. En este sentido, el anteproyecto plantea el pago de un 5% sobre todos los honorarios profesionales (excepto los de salud, educación, agua, electricidad y telefonía fija y la telefonía celular de prepago).
Ello conlleva el pago del 5% a los servicios profesionales que usted reciba de abogados, arquitectos, ingenieros o periodistas, entre otros. Este porcentaje obviamente iría al fisco. Al declarar usted su renta incluirá el pago de estos servicios y a quién se los otorgó, lo cual se cotejará con la declaración de renta de estos profesionales, con lo cual se proyecta evitar la evasión.
Se incorporan nuevos bienes y servicios al impuesto selectivo al consumo, con una tarifa del 5%, además del 5% al ITBM. En este renglón se encuentran los vehículos cuyo valor exceda de 15,000 a 18,000 dólares, sin incluir el transporte de carga, ambulancias, autos fúnebres y vehículos para el transporte público. También se incorporan al nuevo impuesto, las motocicletas de más de 500 dólares, yates, botes de vela, barcos, embarcaciones de recreo, motos acuáticas y helicópteros.
Tampoco se salvaron los cosméticos, productos de belleza y perfumería. Artículos de audio, fotografía, joyas, videos y armas de fuego. Igualmente alcanzará los servicios de televisión por cable, satelital y telefonía móvil, con excepción de los sistemas prepagos.
El anteproyecto tiene cambios en la exoneración del Impuesto de Inmueble. Para las mejoras residenciales cuyo valor sea hasta 100,000 dólares tendrán una exoneración por 15 años. Las viviendas de 100,000 hasta 250,000 dólares tendrán una exoneración de 10 años, mientras que las que excedan ese valor sólo serán exoneradas del pago de impuesto por 5 años.
Las sociedades anónimas pagarán a partir de la sanción de la Ley. Se incrementa la tasa única de 150 a 250 dólares por año, mientras que el recargo pasa de 30 a 50 dólares.
Los bancos tendrán que apretar sus arcas. El documento incluye un incremento de la licencia general en forma escalonada. Los bancos que tengan hasta 500 millones de dólares en activos pagarán por año 150,000 dólares.
Las entidades crediticias con activos de 501 millones a 1,000 millones de dólares pagarán 250,000 anualmente. Los bancos con activos de más de 1,000 millones pagarán 350,000 dólares por año. Las licencias internacionales quedan en un monto de 50,000 dólares, mientras que las licencias de casa de cambios tendrán un costo de 250,000 dólares por año.
