Argentina, el único país deudor en dificultades en los mercados emergentes y el primero que el Fondo Monetario Internacional censuró por publicar datos inexactos, está acometiendo contra Moody’s Investors Service, Standard Poor’s y Fitch Ratings asignando sus propias calificaciones de deuda.
Una ley con fecha 31 de julio que rige los mercados de capitales permite ahora a las universidades públicas inscribirse como calificadoras de crédito y competir con las firmas que el año pasado rebajaron a Argentina hasta ocho niveles por debajo de grado de inversión. Los costos de endeudamiento del país en el exterior, en 13.65%, son los más altos entre 57 países en desarrollo monitoreados por JPMorgan Chase Co.
La ley, que también prohíbe a las compañías calificadoras presentar recomendaciones relacionadas con la política, constituye el intento más reciente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de aumentar su influencia sobre la economía habilitando a instituciones estatales como árbitros de la calidad crediticia, dijo María Castiglioni, economista.
Fernández impuso multas a economistas cercanas a los $100,000 por haber dicho que la inflación alcanzaba más del doble de la tasa oficial de 10.5%, confiscó al productor petrolero más grande del país y prohibió la mayoría de las compras en dólares. “Las agencias oficiales pueden perfectamente ejercer presión sobre las calificaciones”, dijo Castiglioni en una entrevista desde Buenos Aires. “Son universidades públicas financiadas con presupuesto estatal”.
Las universidades pueden verse obligadas a otorgar a las empresas y las provincias calificaciones que establezcan que sus títulos están en condiciones de ser comprados por aseguradoras y fondos de inversión, dijo Castiglioni. En octubre, Fernández dijo que la ley obligará a las aseguradoras a invertir hasta 30% de sus fondos en proyectos productivos y de infraestructura.
