El Ejecutivo del presidente Juan Carlos Varela da los últimos toques al proyecto de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, que puede ser presentado a finales de mes ante la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), dijo este jueves el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
Indicó que espera un debate parlamentario "amplio" de un proyecto ley con el que pretende hacer más transparente el proceso de contrataciones públicas en el país, sacudido por decenas de casos de corrupción derivados de contratos estatales irregulares que son investigados. [VEA TAMBIÉN: Ley de contrataciones públicas y de agua, prioridades de AN]
El alto funcionario precisó que ahora equipos técnicos analizan las recomendaciones presentadas por varios ministros y por el sector privado, y que se espera que el proyecto sea nuevamente discutido en el gabinete del próximo martes.
De La Guardia reconoció que la materia es complicada y que seguramente "nunca" todos los sectores estarán de acuerdo con el contenido total de la norma, por lo que espera "un debate amplio" del proyecto legislativo en el Parlamento. [VEA TAMBIÉN: Nueva ley de Contrataciones Públicas llegará en enero a la Asamblea]
La nueva ley "incluye mucha más transparencia, elimina la discrecionalidad" y es "un paso muy importante a la hora de exigir transparencia", destacó el ministro panameño.
De La Guardia ha dicho que entre los principales cambios que plantea el proyecto están la "eliminación de las consultarías que se hacían de forma directa hasta por 300,000 dólares; las licitaciones abreviadas por menor valor y los plazos para las distintas licitaciones". [VEA TAMBIÉN: Cedeño objeta reformas a la ley de contrataciones públicas]
También se plantea el fortalecimiento del llamado registro nacional de proponentes, de manera que "todas las empresas que quieran licitar con el Estado deben estar inscritas y deben dar a conocer quienes son sus accionistas", añadió.
La actual ley que rige las contrataciones públicas en Panamá ha sido muy criticada por sectores políticos y civiles con el argumento de que buena parte del despilfarro y corrupción que atribuyen al Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) estuvo amparado en la norma.
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