La demanda de energía crece entre un 6% y un 7% al año, debido al surgimiento de nuevos clientes residenciales y comerciales, por lo que se necesita dotar al mercado nacional con 70 megavatios adicionales al año.
Hace pocas semanas se registró una demanda máxima de energía por el orden de los mil 365 megavatios (MW) y el país dispone de una generación en firme de alrededor de mil 600 megavatios, según la Secretaría de Energía. Esta es una prueba de que la demanda casi excede la oferta disponible.
La ventaja competitiva de Panamá frente a las economías de la región y su impacto a nivel global dependen de la garantía de un servicio de suministro de energía eléctrica confiable, segura, eficiente y a precios razonables, para dar una repuesta cónsona con las necesidades de la población, coinciden analistas, empresarios e industriales.
Ante esta necesidad, se hace necesario contar con una matriz energética adecuada, que incorpore el uso de fuentes renovables más limpias, menos contaminantes y menos dependientes de los combustibles líquidos tradicionales.
Incentivos.
Por tal motivo, esta semana se aprobó en tercer debate la Ley 485 que establece el régimen de incentivos para el fomento de la construcción y explotación de centrales de generación a base de gas natural, destinadas a la prestación del servicio público de electricidad.
“Entendemos que con estas acciones se contribuye, por lo menos a mediano plazo, a que las tarifas eléctricas gocen de cierta estabilidad y que el mercado eléctrico sienta que hay posibilidades de desarrollar negocios sanos en beneficio de todos”, manifestó Ricardo Sotelo, vicepresidente del Sindicato de Industriales de Panamá.
Entre los incentivos que incluye la nueva legislación figuran un crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta y la exoneración del impuesto de importación para todo lo necesario para la construcción, operación y mantenimiento de centrales eléctricas.
También establece una preferencia del 5% en el precio evaluado en las ofertas, en los concursos y licitaciones que convoque ETESA, para las empresas generadoras que utilizan combustibles líquidos derivados del petróleo y que dentro de los primeros cinco años de vigencia de la ley realicen la conversión hacia la utilización del gas natural.
Los incentivos se aplicarán de manera exclusiva a las personas naturales o jurídicas que posean una licencia para la explotación de centrales de generación a gas natural.
Compra de energía.
Además, se aprobó en segundo debate la Ley 486 que modifica artículos de la Ley 6 de 1997, específicamente en el renglón de contratación de energía, como parte de las estrategias tendientes a garantizar la prestación eficiente, continua e ininterrumpida del servicio de electricidad.
Se refuerza la obligación de las empresas distribuidoras de contratar el 100% de su demanda a corto, mediano y largo plazo.
También se introdujeron modificaciones a la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 que regula la compra y venta de las acciones de las empresas eléctricas del Estado, cuando se venza la concesión de las empresas distribuidoras en octubre del año 2013.
Entre las modificaciones propuestas se señala que la venta de las acciones remanentes que pertenezcan al Estado podrán ser vendidas mediante procedimiento de la Bolsa de Valores de Panamá, por la aprobación del Consejo de Gabinete, a personas naturales o jurídicas de nacionalidad panameña con un mínimo de un 1% de las acciones por comprador, para efecto de masificar la tenencia de las acciones a la población.
Señalamientos.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, en comunicado público, expresó su preocupación sobre el proceder de la Asamblea Nacional en relación a la forma en que fue aprobada la “Ley 486 que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad”, que incluyó, a última hora, lo relativo a la venta de acciones en empresas del sector energético.
Cifrasimportantes de la energía
6%- a 7% aumenta la demanda de energía anualmente, por lo que es necesario adoptar medidas.
- millones de dólares tendría que destinar el Estado para evitar un aumento de la tarifa.
- es el rango de preferencia para las empresas que realicen la conversión a utilizar gas natural.
