El futuro presidente argentino, que asumirá en mayo, recibirá una pesada herencia de deudas impagas, reformas inconclusas y duros compromisos asumidos con el FMI, en un marco de desocupación y pobreza jamás visto en el país sudamericano.
El mandatario que suceda a Eduardo Duhalde a partir del 25 de mayo, después de haber sorteado la primera vuelta de las elecciones el 27 de abril y el previsible balotaje del 18 de mayo, cargará desde el inicio una pesada mochila que limitará mucho sus movimientos.
"El actual gobierno tiene un mandato limitado para avanzar en reformas estructurales, así que hay una larga agenda que aguarda" al próximo jefe de Estado, anticipó el sábado el número dos para Latinoamérica del Fondo Monetario Internacional (FMI), John Dodsworth.
Argentina transitó en 2002 el peor año en un siglo, con 20 de sus 36 millones de habitantes en la pobreza, casi tres millones con graves problemas de empleo y una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 10.9%.
Duhalde tuvo que negociar durante 12 meses con el FMI para refinanciar hasta agosto unos 11,000 millones de dólares en vencimientos con los organismos multilaterales para evitar una moratoria total de su deuda, un plazo demasiado corto para su sucesor.
Además, el candidato triunfante deberá atender los insistentes reclamos de los acreedores privados, a quienes se les dejó de pagar en diciembre de 2001 unos 55,000 millones de dólares. Duhalde heredó del gobierno de Fernando de la Rúa (1989-2001) el congelamiento de depósitos bancarios, decidido a principios de diciembre de 2001, cuya resolución es una exigencia del FMI.
Después de liberar el "corralito" (depósitos a la vista), el gobierno inició la devolución escalonada de ahorros a unos 400,000 personas con depósitos realizados originalmente en dólares y atrapados en el llamado "corralón", parte en pesos, parte en bonos, generando un nuevo endeudamiento interno.
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